Desde la redacción de @loscabareteros ponemos a su consideración la “Columna de columnas nacional” del miércoles 21 de junio de 2017. ¿Inocentes de espiar?… Rafael Herrera Piedra: tal vez el único punto relevante del primer informe de Rosas Aispuro en Durango… Pegaso, el caballo alado de la mitología griega, nació de la sangre derramada por Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza. La analogía se cuenta sola.
Rayuela
¡Cómo nos recuerda Delcy Rodríguez a Raúl Roa, quien, con El Che, bautizó a la OEA como ministerio de las colonias!
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/21/
¿Inocentes de espiar?
Raymundo Rivapalacio escribe en Eje Central sobre la poco creíble y confusa respuesta del gobierno mexicano al New York Times acerca del espionaje: “Unas cuantas horas después de que circulara el reportaje del The New York Times sobre el spyware para intervenir comunicaciones de periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, el gobierno de México envió una carta al editor del periódico, donde afirmó que “no (había) prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano (fueran) responsables del supuesto espionaje descrito en (el) artículo”. Firmada por un funcionario de segundo nivel de Los Pinos, la carta subrayaba el respeto a la privacidad y la protección de datos personales, como “valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho”. La carta jugó con la semántica. Como el reportaje no identificó qué dependencia utilizó el programa llamado Pegasus, se escabulló afirmando que no se tenían pruebas de participación oficial. El Times, sin embargo, lo dejó claro. Desde 2011, apuntó al menos tres dependencias federales compraron 80 millones de dólares en spyware a la empresa israelita NSO Group que aclaró, a petición directa de las instituciones que hicieron la investigación publicada por el diario, sólo vende ese programa a gobiernos con el acuerdo explícito de ser usado únicamente en el combate de terroristas, narcotraficantes o criminales. Es decir, si Pegasus sólo era vendido a gobiernos, el gobierno mexicano es el único que pudo haberlo utilizado contra objetivos que no son criminales ni terroristas. El gobierno no quiso dar una respuesta directa a la opinión pública mexicana, y se escudó en la carta que decidieron, antes de que fuera publicada por el Times, divulgar su traducción a través de la cuenta de Twitter del vocero presidencial, Eduardo Sánchez, y presentarla como la respuesta oficial. La Presidencia, decía la carta, respetaba la privacidad de las personas y condenó “cualquier intento de vulnerarla”. Esta respuesta, sin embargo, es insuficiente. Llena los espacios de opinión pública, pero no va ni al fondo del problema, ni atiende los problemas que arrastran desde que inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto. El caso de un periodista, fuera de la investigación que publicó el Times, es sintomático de la dialéctica entre algunos periodistas y medios de comunicación, y algunos funcionarios del gobierno. (…) fue lamentable la respuesta del gobierno al periódico neoyorquino. Ojalá se hubiera abierto una investigación interna que pudiera sostener la palabra inicial del gobierno o encontrar a quien dentro del propio gobierno está abusando del poder y los recursos a su disposición. La negación absolutista, cubre de sombras y sospechas el comunicado que eso quiso disipar. En estos tiempos, la apertura, no la cerrazón, es algo que debe considerar.
http://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-inocentes-de-espiar/
Rafael Herrera Piedra: tal vez el único punto relevante de Rosas Aispuro en Durango
En La Jornada, el periodista Julio Hernández López, escribe sobre otros casos de espionaje, supuestamente cometidos por otros funcionarios y con otros programas: “el especialista en tecnología para fines de espionaje, Edward Snowden, quien fue empleado de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, antes de revelar secretos de esas oficinas y de la operación de redes mundiales de vigilancia, tuiteó ayer, en español: ‘No importa si es una sorpresa, o si nos advirtieron. Lo que importa es que se trata de un crimen contra el público’. Estas líneas, en referencia a lo publicado en The New York Times respecto del uso peñista del malware Pegasus contra periodistas y activistas. Ha sido vinculado a proceso Rafael Herrera Piedra, primo del priísta Jorge Herrera Caldera, durante cuyo gobierno fue operador financiero y muy especial contacto, portafolio en mano, con periodistas, empresarios y políticos. Tal vez éste sea el único punto relevante del informe de labores que dentro de tres meses presentará el sucesor panista José Rosas Aispuro quien, por cierto, no encuentra el equipo de espionaje (comprado a la firma italiana Hacking Team) que debería haberle entregado la administración de Herrera Caldera: Lo que sé es que el equipo no aparece, es parte de las investigaciones que se han estado realizando, pero hasta este momento no se ha podido detectar dónde está ese equipo… Y, mientras la imagen del sombrero de Javier Valdez volvió a aparecer, en manos de periodistas y con la demanda de justicia, durante una visita de Osorio Chong y jefes militares y de seguridad nacional a Mazatlán”.
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/21/opinion/010o1pol
Pegasus
Yuriria sierra, en el periódico Excelsior escribe sobre la escueta declaración que escuchamos del titular de la Secretaría de Gobernación, así como el comunicado de la vocería del gobierno federal del lunes por la tarde, dejan mucho que desear: “Nosotros rechazamos el que, de parte del gobierno, se estén ocupando estos, cualquier instrumento, para seguimiento o espionaje a algún medio de comunicación…”, dijo ayer Miguel Ángel Osorio Chong. Había estado muy callado, aunque no le quedó de otra. En un evento en Sinaloa fue cuestionado por los medios que acudieron, y los cuales, de paso, protestaron por la violencia (esa otra violencia que ha callado las voces de varios periodistas) y sobre el asunto del #GobiernoEspía que el lunes pasado fue la primera plana de The New York Times. Y aunque si bien el tema ya había sido evidenciado hace unos meses por Juan Pardinas, ahora supimos cuál fue la herramienta que se utilizó para seguir la pista, según el reporte, de varios personajes públicos: el mismo Juan Pardinas, su esposa, Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y su hijo menor de edad, entre otras figuras públicas influyentes en las diversas áreas en las que se desempeñan. Y aunque la nota del New York Times deja muchísimas interrogantes (1. ¿Qué instituciones son las que habrían pagado millones y millones por la adquisición del software? 2. ¿En qué fechas exactamente fue adquirido? 3. ¿Solamente el o los gobiernos pueden adquirirlo o cabría la posibilidad de que particulares también lo hubieran comprado?; 4. ¿Con base en qué certezas puede afirmarse que esos teléfonos fueron intervenidos?), lo cierto es que la tan escueta declaración que escuchamos del titular de la Secretaría de Gobernación, así como el comunicado de la vocería del gobierno federal del lunes por la tarde, más de 12 horas después de publicada la nota, dejan mucho que desear. Una hoja sin membrete, mal redactada y firmada por un funcionario que no pertenece al primer círculo de colaboradores del presidente Peña Nieto. Así de pequeño les habrá parecido el asunto. Otro ejemplo del pésimo manejo de crisis, que se ha convertido en sello de este sexenio. Será que tal vez no encuentran la manera de responder a las preguntas que hoy se les plantean.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/2017/06/21/1171008
¡Sí los espiaban!
El pasado lunes, activistas y periodistas denunciaron el espionaje por parte del gobierno federal, aunque este lo negó categóricamente e insistió en que existen pruebas contundentes que señales su culpabilidad, la denuncia volvió a poner en el centro de la polémica el respeto a la libertad de expresión y la intimidación por parte de la administración de Enrique Peña Nieto. Sobre ello en Milenio, el periodista Carlos Marín, escribe que “el informe del Citizen Lab de la Universidad de Toronto sobre el espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en México es tan amplio que abarca unas 300 veces el espacio de este Asalto… La lectura íntegra del documento […] doblegó mi crónico escepticismo […] porque, a diferencia de la nota periodística del NYT, me parece verosímil y lo doy por cierto. Es comprensible que el gobierno federal emplee las mejores herramientas para salvaguardar la seguridad nacional y combatir la delincuencia organizada, pero quedo convencido de que los enlistados en el informe han sido víctimas del repugnante, aviesamente ilegal, espionaje político. Me uno a la indignación de los que se sabe espiados: Juan Pardinas, Stephanie Brower, Santiago Aguirre, Carmen y Emilio Aristegui, Alexandra Zapata, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Salvador Camarena y Mario Patrón… y la ignorancia de cuántos más habrá […]me sobresalta”.
Espionaje telefónico y fake news
En el Excélsior, el periodista Jorge Fernández Menéndez, escribe que el reportaje publicado por The New York Times no cuenta con las fuentes suficientes para dar por determinado que el Gobierno espía a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, ya que señala existen diversas empresas que se dedican al espionaje: “el primer domingo de junio del 1998, en la elección de Zacatecas que ganó Ricardo Monreal[…]. Fue un día frenético, donde tuve una larga reunión con Monreal en la que acordamos que ganara o perdiera […]. El fin de semana siguiente me sorprendió ver en la revista Proceso, una larga entrevista con López Obrador, entonces Presidente del PRD que reproducía una conversación telefónica que yo había mantenido con Emilio Gamboa Patrón[…] la revista se decía, lo decía López Obrador, que esa grabación era la prueba de cómo se había preparado el fraude. Era evidente que López Obrador había hecho espionaje telefónico en mi contra y había utilizado esa grabación para sus propios fines […] era la primera vez que se hacía espionaje telefónico a un periodista, se divulgaba abiertamente y como sucedería después en innumerables ocasiones, no pasaría nada[…]. Hace unos pocos meses, me reuní con unos buenos amigos empresarios[…] casualmente simpatizantes de López Obrador. En la plática, alguno de ellos había citado a un agente de una empresa de seguridad israelí que venía a ofrecerles un sistema de escuchas e intervención telefónica que podía extender a los números que quisiera[…] habían tenido mucho éxito entre empresarios y políticos […]. La intervención telefónica en México es masiva, la realizan políticos, empresas, personajes públicos, gobiernos en todos sus niveles, partidos políticos. Se espía a periodistas, socios y adversarios políticos y empresariales, pero también a artistas y personajes de todo tipo. Existe una ley que castiga tanto el espionaje telefónico como la divulgación del mismo. Obviamente, la ley nunca se ha aplicado ni hace 19 años cuando López Obrador intervino mi teléfono en Zacatecas, ni hoy, en ningún caso. Las compañías de seguridad que ofrecen ese servicio son innumerables[…]. Por eso, entre otras muchas razones, es absurdo y desconcertante el reportaje de The New York Times que retomó rápidamente […]. El reportaje no tiene una sola fuente, ninguna, y reconoce explícitamente que no puede atribuir esas intervenciones telefónicas al gobierno federal, pero línea seguida afirma que sí ha sido el gobierno por el perfil de los espiados, o sea porque a los autores se les ocurre[…]. No dudo que Carmen, Carlos, y decenas de periodistas tengamos nuestros teléfonos y cuentas de mail intervenidas por quien sea […]. Tanto lo sabemos que todos los periodistas hemos usado, por lo menos una vez, alguna información proveniente de una filmación o grabación que proviene de una fuente ilegal […]. El espionaje telefónico es una realidad[…] pero inventar ahora una trama de espionaje gubernamental, sin una sola fuente, de un puñado de ‘espiados’ con programas sofisticados que en realidad son accesibles para cualquiera que tenga la intención de usarlos y dinero para comprarlos, es una fake news de esas que, con toda razón, The New York Times combate, día con día, en su enfrentamiento contra Donald Trump”.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/2017/06/21/1171011
Espionaje celular
Por su parte en Reforma, el analista y periodista Sergio Sarmiento, coincide que la publicación NYT carece de fuentes para sugerir que el Gobierno mexicano está inmiscuido en espionaje, sin embargo subraya que debe de hacerse una investigación exhaustiva y de fondo para dar con los responsables: “los críticos del gobierno mexicano han dado por hecho que son objeto de espionaje. Muchos expresaban incluso orgullo cuando decían que sus teléfonos estaban intervenidos […]. La frecuencia con la que hemos escuchado conversaciones telefónicas de políticos y otros personajes públicos recalca que las intercepciones no son algo inusitado. Quienes saben del tema me dicen que en la actualidad no hay que ser agente del Cisen para realizar estas grabaciones[…]. Por eso se ha hecho común que los funcionarios del gobierno, e incluso algunos altos ejecutivos de empresas, pidan que las personas con las que conversan dejen sus celulares fuera del lugar[…]. El New York Times ha denunciado un presunto esfuerzo del gobierno de México para espiar a periodistas y a activistas[…]. La Presidencia de la República ha reconocido que realiza labores de espionaje, pero sólo para combatir el crimen.[…]. Si bien el New York Times no confirma en su artículo que efectivamente el Gobierno mexicano esté espiando a activistas o periodistas, sí subraya que el software sólo se vende a gobiernos y que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto ha examinado los teléfonos de las presuntas víctimas y ha certificado que han sufrido intentos de captura de su información[…]. El Gobierno de Enrique Peña Nieto sería el sospechoso número 1. Las presuntas víctimas han presentado denuncias ante la PGR al mismo tiempo que pregonan su escepticismo de que esta institución pueda realmente ser imparcial. Habrá que ver ahora la investigación […]. El tema es demasiado serio para que termine en un artículo de periódico, que no puede comprobar el espionaje pero que sí aporta información que lo sugiere, o en un desmentido abstracto del gobierno. Por ley toca a la PGR hacer una investigación. Merecemos que se haga bien y a fondo, y que sea realizada o supervisada por personal calificado independiente”.
http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=114909
Espionaje, delitos, Raúl Cervantes y la carabina de ambrosio
Respecto a este caso de espionaje, en Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe que: “Vivo en un país en que al responsable de perseguir los delitos no le importa perseguirlos cuando hay posibilidad de que los haya cometido el gobierno que le dio la chamba […]. El lunes conocimos un informe detallado producto de una larga investigación encabezada por Citizen Lab […], en que se probó que periodistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil y activistas habían recibido mensajes de texto cuya intención era que hicieran clic en una liga que lleva a un servidor que daría acceso, a quien lo hubiera enviado, a todo el contenido de sus teléfonos inteligentes […]. A partir de esos hechos, lo que hay son (muy) probables delitos. Si quien mandó los mensajes fue el gobierno federal o algún gobierno estatal, hay delitos. Los gobiernos solo pueden hacer eso con una orden judicial. Si no fue un gobierno, sino un privado, pues les robaron un software que ellos compraron y solo ellos pueden tener, así que hay que aumentar el delito de robo al gobierno. Si Pegasus está siendo utilizado por alguien en el gobierno federal o en un gobierno estatal sin permiso de sus jefes, pues aumenten otro delito que tiene que ver con las responsabilidades de los funcionarios públicos. Si al procurador le interesara perseguir el delito, pues lo hubiéramos escuchado el mismo lunes, o ayer, anunciando el inicio de una investigación, acompañada de recursos y urgencia, sobre quién cometió los delitos que, no hay mucha duda, se cometieron. Todo esto, si el señor que trabaja de procurador quisiera perseguir delitos. Unos tan graves como los que describe el informe del lunes. Pero no. Lo único que tuvimos fue un gobierno que nos dijo […] que no había pruebas, que pasáramos a la ventanilla 34 y que… lero, lero. En este país vivo”.
Igual a ‘pozoleros’
En contraste en el Reforma, el abogado Manuel J. Jáuregui, escribe que, lo que no es suficiente son los argumentos del Gobierno para deslindarse de la acusación del espionaje y señala los puntos por lo que es válido el reportaje publicado en el NYT: ”Los argumentos de nuestro Gobierno federal para negar su responsabilidad del espionaje invasor de la vida privada de periodistas, activistas y rivales políticos, equivalen a los que usan los ‘pozoleros’ del narcotráfico[…]. De nuevo: ¡fállale, compadre! Claro que hay pruebas y las enumeramos: 1. Un laboratorio independiente […] descubrió científicamente la presencia del virus Pegasus en los celulares de varios prominentes colegas mexicanos, y de titulares de vitales ONGs[…]. 2. Este virus Pegasus, que convierte los iPhones en un arma de espionaje total […] lo desarrolló una sola empresa en todo el mundo: NSO Group de Tel-Aviv, Israel, que le vende de manera exclusiva a gobiernos[…]. 3. Es un hecho comprobado que NSO Group le vendió este ‘software’ al Gobierno mexicano, y en concreto a tres de sus dependencias, las cuales son seguramente el CISEN, la SEDENA y/o la SEGOB o la PGR. 4. El espionaje, la intervención total a la privacidad de estos ciudadanos mexicanos, se realizó en México, pues son celulares mexicanos. Es de tomar en cuenta que -a menos que alguien haya violado, por ejemplo, la seguridad interna del CISEN y haya puesto en manos privadas el acceso a este sistema, cuya captura de datos se instala en una computadora determinada, que es una violación intolerable a la seguridad del Estado mexicano, lo cual es peor de grave- nadie pudo haber realizado este espionaje más que quien compró a NSO Group el software. ¿Y quién lo compró y quién lo usa? ¡El Gobierno mexicano! Por lo tanto, la primera parte de la defensa de la Presidencia de la República, que es el ente ‘desmentidor’ ante la fuerte, sustentable y grave denuncia publicada por el NYT […]. La segunda parte de la ‘aclaración’ enviada al NYT por un funcionario de tercer nivel, la de que los ciudadanos afectados presenten una denuncia ante la PGR, resulta risible. ¡Es el Gobierno el que espía de manera súper sofisticada! ¿Qué caso tiene entonces que se denuncie ante el ente que viola los derechos constitucionales con este delito? Delito que, además, ante la Corte de la opinión pública ya quedó demostrado, esta frase tan gastada por ser la muleta más refriteada de los delincuentes gubernamentales[…]. En conclusión: los ‘genios’ encargados de la comunicación del Gobierno de México insultan la inteligencia no sólo de los investigadores del NYT, sino de los ciudadanos mexicanos de quienes se mofan con la ligereza y falibilidad de la respuesta dada a lo que constituye una grave denuncia que representa un tremendo e intolerable abuso de poder por parte del Gobierno mexicano y sus integrantes”.
http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=114912&po=3
Tren Toluca-CDMX
En el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, retoma la suspensión del Tren Toluca-México y la doble moralidad que hay detrás de quien la impone: “ahora resulta que un priista se opone a uno de los más importantes proyectos de infraestructura de Enrique Peña Nieto. Se trata del Diputado capitalino Adrián Ruvalcaba, quien pidió detener las obras del Tren Toluca-CDMX. Pese a que la construcción tiene ya tres años, el ex Delegado en Cuajimalpa apenas se dio cuenta de la supuesta afectación. Y, además, exige que le pongan una mesa de diálogo. La demanda del Diputado tricolor causó extrañeza entre las autoridades, toda vez que el mayor impacto -y beneficio- es para el Estado de México, y no en Cuajimalpa. Dicen que, realidad, lo que Ruvalcaba busca es presionar, obvio, para obtener recursos de algún tipo”.
http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=114907&po=3
Cinturones ajustados
En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, cuestiona si vale la pena el costo elevado para perredistas: “parece que nadie recuerda que hace unos meses se hablaba de reducir los gastos de toda índole en la administración pública. Interesante ejercicio en este diario informar el costo del aparato legislativo y detectar, por ejemplo, que entre senadores, los ocho perredistas que lidera Dolores Padierna cuestan 715 mil 525 pesos al mes, y que los más baratos, a pesar de ser la primera fuerza, sean los priistas, quienes cuestan 574 mil 275 pesos, todo en torno a las partidas presupuestales que se entregan a los grupos parlamentarios. Pero lo mejor será la reflexión sobre si el excesivo gasto vale la pena”.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/2017/06/21/1171017
Cambio incompleto
El economista Luis Rubio, escribe sobre el proceso de transformación y democratización del país, que ha quedado incompleto: “De la «dictadura perfecta» México pasó a la «democracia imperfecta». En las últimas décadas, el viejo sistema se colapsó pero no desapareció: si bien hoy hay elecciones regulares que son impecables en su manejo y administración (independientemente de que un candidato y su partido las dispute), México está lejos de ser una democracia funcional, eficaz y al servicio de la ciudadanía. Las consecuencias de esa nueva realidad son palpables. El viejo sistema fue perdiendo capacidad de control esencialmente como resultado de su propio éxito en pacificar al país luego de la Revolución y sentar las bases para el crecimiento; elevadas tasas de crecimiento a lo largo de varias décadas (40-60) generaron una enorme diferenciación en la sociedad mexicana, un extraordinario crecimiento urbano y el desarrollo de profesiones, universidades y todo tipo de factores que, en el tiempo, resultaron incompatibles con el viejo sistema de control. Poco a poco, la sociedad mexicana fue abriéndose espacios frente al control centralizado del poder, debilitando sus estructuras tradicionales que, además, probaron ser excesivamente rígidas para ajustarse y adaptarse. No hay que perder de vista que el sistema se creó para pacificar al país y establecer un proceso institucionalizado de toma de decisiones luego de la gesta revolucionaria. El mecanismo de atracción -la zanahoria- de los liderazgos que se incorporaron a la nueva organización fue la promesa de acceso al poder y/o a la riqueza a través del sistema; el costo de incorporarse consistía en perder libertad de operación fuera del sistema, dado que la pertenencia al nuevo partido (PNR) entrañaba la aceptación de las reglas «no escritas» del sistema, cuya esencia era el sometimiento al poder presidencial. El sistema fue tan efectivo en cumplir su cometido que México creó una casta de políticos ricos y poderosos como resultado de su pertenencia al exclusivo club. La llamada «familia revolucionaria» cuidaba de los suyos y los compensaba con generosidad. El paso de Carlos Salinas por la presidencia fue ilustrativo de los incentivos encontrados: un presidente modernizador, el único estadista que los mexicanos vivos hemos conocido (en términos de construir un proyecto de desarrollo de largo aliento, afectando importantes intereses en el camino), se dedicó a transformar los cimientos de la economía del país con el objeto de elevar su tasa de crecimiento. Innumerables reformas siguieron en materia de comercio exterior, inversión extranjera y regulación económica, además de la privatización de empresas hasta entonces propiedad del gobierno, como la telefonía, la televisión y el sistema bancario. Las reformas en materia económica fueron ambiciosas y profundas pero, al mismo tiempo, se vieron limitadas por el objetivo ulterior que, no por implícito, dejaba de ser evidente: se procuraba elevar la tasa de crecimiento de la economía para evitar un cambio político, es decir, la pérdida de control del sistema y los beneficios que éste le prodigaba a sus integrantes. Los costos de esa dualidad acabaron siendo evidentes en la crisis de 1995 y no se han erradicado. (…) El hecho relevante fue que la economía mexicana experimentó una profunda transformación pero no generalizada; a la vez, la vieja clase política, mucha de ella opuesta a las reformas de estas décadas, ha seguido un proceso gradual, pero sistemático, de reconcentración del poder, guiado más por la nostalgia del viejo sistema que por la existencia de un modelo político o económico alternativo. Entonces, ¿se podrá cambiar?
http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=114747&po=3
@loscabareteros
