A siete meses del conflicto en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), 290 académicos y trabajadores administrativos firmaron una carta en la que advierten que no ha tenido y no quieren tener tratos con Armando Ríos Piter, quien fue nombrado rector de esa institución por el patronato que designó el gobierno de Puebla.
En el escrito, los trabajadores además desconocen al patronato encabezado por Horacio Magaña que fue nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla (JCIAP), así como al abogado Rodrigo Gurza, quien asegura ser representante legal de las Fundaciones UDLAP y Mary Street Jenkins.
Advierten que, desde el 29 de junio de 2021, cuando personas armadas, “con uso excesivo de la fuerza” tomaron el campus de la universidad, no han podido regresar a las instalaciones a realizar ningún tipo de actividad presencial.
Los firmantes asientan que no ha existido ni existe ningún tipo de diálogo o acercamiento con ningún representante o miembro del Patronato nombrado por la JCIAP, ni con Ríos Piter, a quien ubican como “amigo del gobernador Miguel Barbosa Huerta”.
“Dada la falsedad y desfachatez con que se han desempeñado estas personas (rasgos antiéticos a lo que nosotros buscamos transmitir como profesoras y profesores universitarios) no sólo no tenemos contacto con ellos: no queremos tenerlos”, puntualizan.
En el escrito piden al gobernador Barbosa Huerta que deje de “interferir” en el cumplimiento de los ordenamientos judiciales y se limite al ejercicio de sus capacidades constitucionales que le obligan al respecto del estado de derecho. “Exigimos, pues, que se comporte como funcionario del Estado mexicano y como autoridad electa democráticamente”, recalcan.
Por último, los firmantes responsabilizan al ex perredista Ríos Piter, al patronato presidido por Magaña y a la JCIAP del deterioro o pérdida de las instalaciones y equipos que se encuentran en el campus, así como de faltantes en laboratorios, colección de arte, equipos de oficinas, materiales de trabajo, así como documentos y artículos personales que se encontraban en las instalaciones antes de la toma.
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