La demanda civil que la Cancillería mexicana interpuso en agosto contra ocho fabricantes estadunidenses de armas entrará a una fase crítica el próximo 31 de enero, cuando un juez determinará si el proceso continuará en Boston, donde se inició, o es trasladado a Texas o Arizona, como pretenden los abogados defensores.
En su afán de acabar con el clima de violencia que impera en el país, el gobierno de México inició el proceso civil para corresponsabilizar –ante un tribunal estadunidense– a ocho fabricantes de arsenales que han empoderado al narcotráfico y al crimen organizado.
“Los fabricantes de armas de Estados Unidos cierran los ojos ante la criminalidad que hay en México, se hacen tontos y lucran con sus productos; faltan al cuidado de la debida diligencia a través de los criminales”, dice a Proceso Alejandro Celorio Alcántara.
Consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Celorio Alcántara habla sobre la demanda civil que en agosto del año pasado interpuso el gobierno mexicano, originalmente contra 10 empresas fabricantes de armas.
“Son corresponsables de las decenas de miles de asesinatos relacionados directamente con armas traficadas ilegalmente de Estados Unidos a México y deben pagar por ese daño”, precisa Celorio Alcántara.
Interpuesta ante la Corte Federal de Massachusetts, la demanda civil ideada por el canciller Marcelo Ebrard y orquestada por el Consultor Jurídico de la SRE, acusa por negligencia a las ocho empresas del tráfico ilegal anual de entre 500 mil a 800 mil armas estadunidenses a México.
“Buscamos un resarcimiento de daño (a las víctimas) de 6% del Producto Interno Bruto del país, que equivale más o menos a unos 15 mil millones de dólares”, comenta Celorio Alcántara en entrevista con este semanario, anotando que él confía en ganar la demanda.
De 139 páginas, la denuncia civil de México es contra Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Beretta Holding SPA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES MBH, Strum, Ruger & Co., y Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.
El 31 de diciembre de 2021 los abogados que representan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la demanda en Massachusetts notificaron al juez Dennis Saylor que “voluntariamente y sin prejuicio” retiraban de la pesquisa a las empresas Beretta Holding SPA y a Glock GES MBH.
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