“Nadie está por encima de ley”, decretó el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, y lo demostró cuando el pasado martes 4 de marzo, en un acto sin precedente en la historia de Estados Unidos, logró el encausamiento judicial del expresidente Donald Trump, a quien formalmente se le procesó en una corte estatal como presunto criminal.
Los 34 delitos achacados a Trump y enarbolados como violaciones a leyes estatales y federales sobre finanzas electorales son el encubrimiento de un pago de 130 mil dólares a Stormy Daniels, una actriz pornográfica con quien tuvo relaciones íntimas el expresidente.
Lo ocurrido en la corte estatal de Manhattan, Nueva York, fue la primera ocasión en que a un expresidente o presidente de Estados Unidos lo procesan judicialmente por cargos criminales.
Ante el juez de la Suprema Corte de Nueva York, Juan Merchan, el fiscal de Manhattan consiguió lo que nadie había podido concretar, sentar a Trump en el banquillo de los acusados y que se tratara como a un vulgar delincuente a quien se le tomaron las huellas digitales.
La disputa que apenas comienza, puede ser el principio del fin de la controversial carrera electoral de Trump, enmarcada en periplos judiciales, o la culminación de su historia como maestro de la manipulación mediática haciéndose pasar como un mártir de complots políticos.
El proceso criminal en su contra será un camino tedioso en la Corte de Manhattan, un juicio contra el exmandatario podría llevarse a cabo en plena contienda presidencial, siendo Trump el máximo competidor por ganar la nominación presidencial republicana.
Los procesos judiciales del estado de Nueva York son lentos; será en agosto próximo y en coincidencia con el primer debate entre aspirantes presidenciales por el Partido Republicano cuando la defensa de Trump presente su moción ante Merchan para eliminar los cargos.
A Bragg y sus fiscales les toca responder a la moción semanas después y así sucesivamente hasta llegar al 4 de diciembre de 2023, la fecha calendarizada en la Corte de Manhattan como la siguiente audiencia del proceso judicial contra el también magnate de los bienes raíces.
Ni Bragg ni Joe Tacopina, el abogado que encabeza el equipo legal de Trump, tienen idea de cuándo comenzará un juicio. El pronóstico más atrevido es que el 5 de febrero podría empezar el proceso de selección de los 12 jurados para el juicio contra el expresidente.
Los 34 delitos criminales menores que le imputa Bragg a Trump se concentran en exponer en un juicio la manipulación de la verdad del pago a Daniels hecho por Michael Cohen, exasesor y abogado de Trump, y etiquetado como gastos corporativos, los que implica evasión fiscal.
En 2016, cuando Cohen entregó los 130 mil dólares a la actriz del cine para adultos con el objeto de que no divulgara la relación sexual que sostuvo con Trump en 2006, se registró ante las autoridades tributarias del estado de Nueva York como ingreso y no como egreso.
Los detalles del presunto delito cometido por Cohen en nombre de Trump solamente se pueden exponer en un juicio; la presunción de inocencia del exmandatario prevalece ante todo.
El 5 de febrero de 2024, cuando presuntamente se inicie el proceso de la selección del jurado, en Iowa se llevará a cabo el primer proceso de competencia entre quienes aspiran a la candidatura presidencial por el Partido Republicano.
Ni a Ron DeSantis, gobernador de Florida y principal oponente de Trump a la nominación republicana, le conviene que al caucus de Iowa llegue el expresidente envuelto en la bandera de víctima de un complot político para sacarlo de la boleta electoral del 5 de noviembre de 2024.
Christopher Conroy, uno de los fiscales del grupo que lidera Bragg, aseguró que se hará todo lo necesario para, de manera expedita, enjuiciar al expresidente, mientras que Tacopina manifiesta que nada harán para agilizar las cosas y que cumplirán con el calendario de la Corte.
Según lo ha divulgado el propio Trump, su acusación en Manhattan en lugar de perjudicarlo lo ha favorecido; afirma que desde que se diera a conocer su encausamiento criminal hasta la fecha ya recolecto 10 millones de dólares entre sus seguidores, que lo quieren otra vez hacer presidente.
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