En 2001, a 27 años de la muerte de Lucio Cabañas, fundador del Partido de los Pobres (PDLP), sus familiares se aprestaban a exigir ante la PGR los restos del guerrillero que durante años tuvo en jaque al gobierno de Luis Echeverría.
Y es que la ubicación del sitio donde fue enterrado el cuerpo de Lucio Cabañas –oficialmente muerto en combate el 2 de diciembre de 1974 en Otatal, municipio de Tecpan– se mantiene en reserva como si fuera un “secreto de Estado”.
Por eso un hermano del combatiente, David Cabañas Barrientos, exmiembro del PROCUP-PDLP, considera que el gobierno de Vicente Fox tiene que devolver el cadáver a sus familiares, “si no quiere compartir la responsabilidad de los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante los gobiernos priistas.
Si queremos hacer justicia –prosigue–, éste es el momento de que ocupen su lugar en Almoloya los responsables de tanta sangre derramada en México. En esto el señor Fox debió empezar ayer, ayer, ayer”, parafrasea.
La entrevista se realizó en la Ciudad de México, en las oficinas de Izquierda Democrática Popular (IDP), organización política que fundó David Cabañas con otros exmiembros de su agrupación armada, en 1999, un año después de que salió de la cárcel, absuelto de la acusación de asesinar a dos vigilantes del diario La Jornada (1990). En el encuentro participan Bartola Serafín Gervacio, hermana de Lucio y de David, y su prima Guillermina Cabañas Alvarado, exintegrante del PDLP.
Los tres exigen justicia por los crímenes cometidos durante el combate al movimiento armado y la Guerra Sucia, que dejó un resultado de cientos de desaparecidos. Sólo en Atoyac, municipio de donde es originaria la familia Cabañas, se han registrado 450 desapariciones.
David Cabañas insiste en que el gobierno de Vicente Fox se está tardando en enjuiciar a los culpables del “genocidio” que se cometió en la década de los años setenta.
“No se ve indicio de interés de que hoy sea distinto el régimen y de que éste empiece a hacer justicia. Por principio y por ley, esos delitos se persiguen de oficio, no hace falta ninguna denuncia ante ningún Ministerio Público”, señala.
Y precisa: “El delito de genocidio no prescribe. Aquí son responsables Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, y ya es responsable también Vicente Fox, porque debe citarse inmediatamente a los expresidentes vivos y a sus secretarios de Defensa y Gobernación, si es que quieren verdaderamente hacer justicia en México. Todos tienen las manos manchadas de sangre de este pueblo”.
Proceso
