Si la democracia es el régimen político que busca ofrecer un marco institucional y normativo para la expresión, recreación, competencia y convivencia de la diversidad, ¿por qué estamos peleados, divididos y tan descontentos con ella? ¿qué o quién falla? ¿los políticos, los partidos, los ciudadanos, el gobierno…?
No es gratuito que casi dos terceras partes de los mexicanos estemos desencantados con la democracia (56%, Latinobarómetro 2017). Si nos atenemos a los hechos, de acuerdo a la medida sexenal convencional, desde que llegó la alternancia al poder ejecutivo (2000), llevamos casi 17 años en un contexto político de democracia electoral pero nuestro progreso económico es mediocre y la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado.
Pasamos de un régimen político de partido dominante (PRI) y una estructura presidencial jerárquica, a un contexto donde paulatinamente se fueron generando “equilibrios” políticos en el Congreso, el Senado y en algunas entidades de la República. Se puede decir que se generó pluralidad política aceptable en un marco de elecciones libres y pacíficas.
También transitamos hacia el reconocimiento positivo de derechos civiles de vanguardia, al menos, en las entidades más pobladas y de mayor crecimiento y desarrollo económico. Me refiero a la diversidad cultural, étnica y hasta religiosa. Inclusive, logramos incorporar al debate y a la aceptación nacional las libertades sexuales y reproductivas al aprobar y reconocer legalmente un nuevo concepto de familia y los matrimonios entre personas del mismo sexo o la despenalización del aborto. Sin embargo, la batalla en este sentido no está ganada aún, pero vamos en ese camino, es inevitable. Podemos decir, entonces, que hay avances en materia de derechos civiles.
Pero no hay caminos asfaltados y en línea recta y quizás si consideramos los avances en materia de derechos sociales, la discusión y el debate público e institucional nos queda a deber. Esa es la realidad del descontento de los ciudadanos. Es decir, la brecha salarial, la seguridad social, el paupérrimo crecimiento económico, la corrupción, la impunidad y la desigualdad siguen ahí arraigadas en todos los ámbitos. Esto último –el flagelo de la corrupción y la impunidad- serán el sello del sexenio que está por terminar, de eso no hay duda.
Si contamos con derechos políticos aceptables: elecciones libres, competencia política, alternancia, pluralidad política…; y derechos civiles avanzando: matrimonios igualitarios, despenalización del aborto y drogas blandas…; entonces, ¿qué es lo que requerimos para cerrar el círculo en materia de derechos sociales: seguridad social, salarios dignos, crecimiento económico…?
No existen varitas mágicas… necesitamos más sociedad civil, una clase política adecuada al contexto –poco de filias o fobias políticas y mucho de empatía, meritocracia y ética social-, y un equilibrio real de poderes y autonomía institucional. Por eso las próximas elecciones son importantísimas.
Ante tanta polarización y enfrentamiento político y en medio de la abulia en la narrativa de propuestas de los principales actores y contendientes, bien vale la pena detenernos y pensar en lo que significa “el principio de mayoría” en el que descansa una democracia política y electoral. Más o menos dice lo siguiente: es aquella posición que logre el mayor número de adhesiones ciudadanas, y que, por ello, es legitimada para gobernar. No es sinónimo de tener la razón o de imposición; pero, ofrece la fórmula para decidir en asuntos controvertibles como: ejercicio del gasto, impuestos, política interior, política exterior, educación, salud… entre muchos otros derechos sociales.
@leon_alvarez
