Adaptarse o mantenerse rezagado a la espera de desaparecer. Telecomunicaciones de México (Telecomm), heredero del primer sistema de comunicación en el país, batalla con esa disyuntiva. Olvidado y subutilizado por la mayor parte de la población, el organismo busca dar un vuelco al papel que ha tenido en años recientes para posicionarse como nodo de la política fiscal y social de los gobiernos federal y locales.
Estaba prácticamente en declive, explica María del Rocío Mejía Flores, directora general de Telecomm. “Como parte del modelo neoliberal, de ya no invertir recursos en las empresas públicas, es un ejemplo clarísimo. No se estaba invirtiendo ni en mantenimiento a los satélites, se buscaba privatizar la administración de la fibra óptica (…) y se dejaron las sucursales ahí, que se fueran cayendo”, detalla en entrevista con La Jornada.
Como otros organismos y empresas del Estado, Telecomm se encuentra en el filo de redefinir su papel en el sector público. Se ha enfocado en dar servicios financieros básicos, pero lo han atrofiado el avance de tiendas de conveniencia que proveen una oferta similar, la negligencia y corrupción de quienes lo dirigieron en administraciones previas –según denuncia su actual directora–, así como una disminuida imagen entre los usuarios.
Telecomm revisa su historia de 170 años, con el primer despliegue del telégrafo en México. El avance tecnológico hace de su origen algo en desuso, pero en un país donde 48 por ciento de los hogares no tiene acceso a Internet y 32 por ciento de los adultos no cuenta con servicios financieros, la encomienda ahora es apoyar en la inclusión financiera, la bancarización, y cerrar las brechas financieras y digitales entre de la población, explica Mejía Flores.
Con presencia en mil 200 municipios –prácticamente la mitad de los que hay en el país– Telecomm tiene la mayor cobertura de una instancia pública, incluso privada, en el territorio; además se ubica en las demarcaciones de mayor marginación económica y menor conectividad, lo que la hace el vehículo más inmediato para acercar servicios financieros y la distribución de los programas sociales, asegura su directora general.
Por ahora distribuye los Programas de Adultos Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, las Tandas del Bienestar, Producción para el Bienestar, todos de nivel federal; pero recientemente se firmaron convenios con los gobiernos de Michoacán, Tlaxcala, Baja California Sur y Puebla para apoyar la política recaudatoria y su contraparte, la redistributiva, en las administraciones locales.
Ofrecemos ser el brazo recaudador de impuestos, pero también distribuidor; que no sólo vayamos a la difusión de los programas prioritarios nacionales, sino también los de los estados, abunda Mejía Flores.
Esa puerta giratoria de los recursos públicos es una de las principales apuestas de Telecomm y que le desmarcan parcialmente de las actividades que supondrá el Banco del Bienestar, el proyecto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha centrado su discurso sobre la política de inclusión financiera.
Mejía considera que no se contraponen o chocan las tareas a reforzar en el organismo que dirige con las del Banco del Bienestar. Primero, porque las mil 750 sucursales que tiene Telecomm ya están en operación y 162 de ellas se encuentran en municipios con altos grados de marginación donde actualmente no hay otra oferta bancaria o tiendas de conveniencia.
Hasta ahora las sucursales del Banco del Bienestar son casi una cuarta parte de las que tiene Telecomm y, aún instaladas las 2 mil 700 de las que ha hablado el Presidente, los proyectos son complementarios, asegura Mejía.
La Jornada
