Como era de esperarse, por causas asociadas principalmente a la pandemia, en México la inflación anual, hasta noviembre de 2021, alcanzó el 7.37 % y podría llegar al cierre del año al 8%; es la más alta en los últimos 20 años.
A diferencia de la inflación registrada en nuestro país, por ejemplo, en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, la inflación ahora no tiene que ver con problemas de finanzas públicas desordenadas, o con crisis de deuda o con la expansión monetaria, la cual ahora depende de un Banco de México autónomo que conduce la política monetaria en forma responsable y equilibrada.
Más bien, la inflación que está resurgiendo tiene un claro origen en factores externos como la suspensión de actividades, que creó escasez de algunos insumos, bienes y servicios en el mundo y presionó al alza los costos de producción.
También, la expansión monetaria de EE.UU. para reactivar su economía, impactó en el aumento de la demanda de alimentos, insumos y servicios para la salud, las telecomunicaciones y la electrónica, entre otros; el aumento de la demanda y consumo de estos productos ha presionado al alza sus precios.
Además, en México inciden factores especulativos y las expectativas empresariales, incluso las asociadas con el incremento nominal a los salarios mínimos, que se están trasladando a los precios al consumidor.
Las clases populares mayoritarias, que representan el 80% de nuestra población, destinan una gran parte de sus exiguos ingresos (en muchos casos por arriba del 23%) a la compra de alimentos y productos básicos, por lo que les afecta y daña en mayor medida la inflación.
En contraste, las familias de las clases alta y media alta, que representan solo el 20% de nuestra población, al contar con ingresos mucho más elevados, diversifican su gasto y pueden comprar todo tipo de bienes y servicios; en estos estratos sociales, el gasto en alimentos y productos básicos representa una menor proporción de sus ingresos.
Para detener las presiones inflacionarias son condiciones necesarias, pero no suficientes, el sostener finanzas públicas sanas, y que el Banco de México, con plena autonomía, decida subir la tasa de interés (el costo del dinero).
No son aconsejables los controles de precios, ya que la historia ha demostrado que estos son contraproducentes y crean escasez y desbasto.
Lo que sí está al alcance del gobierno de la 4T es seguir canalizando subsidios para la estabilidad de precios del gas, la electricidad y las gasolinas, ya que estos tienen un impacto importante en la inflación.
También se deben fortalecer los servicios de información y protección al consumidor, para que las familias realicen su consumo básico en aquellos establecimientos comerciales que ofrezcan las mejores condiciones de precios y calidad, combatiendo así las alzas injustificadas y especulativas.
Afortunadamente, en nuestro país, los precios de los energéticos, todavía dependen más de la voluntad del Estado que de las fuerzas del mercado. Si dependieran más del sector privado, la inflación sería mucho mayor…
