Conforme México transitó de un régimen autoritario a una democracia multipartidista, aunque minimalista, la violencia se disparó, los grupos del crimen organizado desarrollaron intereses políticos y establecieron controles locales de facto en grandes proporciones del territorio nacional, plantean Sandra Ley y Guillermo Trejo.
Entrevistados con motivo de la presentación de su libro “Votos, drogas y Violencia. La lógica política de las guerras criminales en México”, editado por DEBATE, explicaron que los cambios de partidos en los gobiernos estatales desestabilizaron la zona gris en la que se mueven los grupos criminales con la protección de autoridades, lo que los motivó a crear ejércitos para defender sus territorios y luego utilizaron esa fuerza para incursionar en esferas diferentes a las de sus primeras actividades delictivas y hasta en el control político de sus territorios.
Asimismo, señalan que la guerra contra el narcotráfico estuvo dirigida con intenciones políticas para afectar a gobiernos opositores.
Sandra Ley, profesora investigadora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Guillermo Trejo, profesor en la Universidad de Notre Dame y director del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales, compartieron con El Economista sus investigaciones, hallazgos y argumentos sobre lo que se hizo y se dejó de hacer en México, planteados en este libro que ofrece una teoría novedosa sobre la violencia criminal, que enfatiza la influencia crucial de la política.
—Profesora Sandra Ley, ¿hasta antes de este libro cómo se ha explicado la escalada de violencia criminal ocurrida en México a partir de 2006?
—Sandra Ley (SL): Una de explicaciones que prevalecían para entender el crimen organizado era más desde un punto de vista económico, entendiendo a los Grupos del Crimen Organizado (GCO) como actores económicos que tratan de maximizar sus beneficios financieros, desvinculados de la política y agentes apolíticos.
En este libro, lo que hacemos, es replantearnos qué es el crimen organizado y verlo en su conexión con el Estado y en lo que llamamos esta zona gris de la criminalidad que es el único punto en el que puede existir. Argumentamos que el crimen organizado no puede existir sin esa protección estatal, como una manera de poder operar con impunidad.
En esta zona gris de la criminalidad, existe el Estado y el crimen de manera muy cercana y, en ese sentido, el crimen organizado también comienza a desarrollar interés en la política. Por eso tenemos que detenernos y replantear el crimen organizado desde esta visión política y, un punto muy importante, también, desde un punto de vista de la localidad, es decir, el crimen organizado no está pensando en cómo construir un monopolio a nivel nacional. Estos monopolios se van construyendo a nivel local, es una cadena de operaciones locales.
—Profesor Trejo, ¿cómo era esa zona gris de las que ustedes hablan antes de que se diera esta transición a la democracia, que ustedes llaman minimalista, y antes de que ocurriera esta escalada de violencia en el país?
—Guillermo Trejo (GT): Esta zona gris, lo que distingue nuestro trabajo, por ejemplo, de estudios sobre la mafia en Italia, que entienden que existen zonas grises, pero que básicamente son miembros de la mafia y miembros de corporaciones privadas, abogados, financieros, contadores, los que generan estas estructuras criminales.
Lo que es distinto en nuestro libro es el papel que juegan, en particular, las fuerzas armadas, las policías federales, pero particularmente las policías estatales.
En su momento, eran las policías judiciales de los estados (las involucradas) en constituir estas estructuras criminales.
El Economista
