Reporteros de Tijuana recriminaron al gobierno federal que apoye, bajo el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, a criminales que simulan ser reporteros.
“La señora no trabaja en las calles donde andamos reporteando, estamos descontentos porque protege el gobierno federal y estatal a criminales que no son reporteros y que hacen páginas para narcotraficantes, nada más se la pasan halconeando… estamos descontentos por eso”, reclamó y denunció la reportera Ana Lilia Ramírez, quien labora para diversos medios de información en el estado.
Todavía no terminaba de exponer su punto de vista cuando el resto de los reporteros presentes en el Centro Cultura de Tijuana (Cecut) –lugar donde se firmó el acuerdo de colaboración entre el encargado del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos con el gobierno del estado– la respaldó, avalando en voz alta sus reclamos: “¡así es, así es!”.
Ante el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, el director ejecutivo federal del mecanismo, Enrique Irazoque Palazuelos, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la reportera sorprendió a todos cuando no soportó la rabia de que ninguno de los tres gobiernos pudo proteger al fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel y a la periodista Lourdes Maldonado.
La realidad de lo que está sucediendo en Baja California con los periodistas y quienes elaboran páginas de Facebook donde se dan a conocer eventos de grupos criminales, asumiéndose como reporteros, afloró cuando la periodista Sonia de Anda de la agrupación “Yo sí soy periodista” leyó un mensaje en el que expuso:
“No puede seguir (el mecanismo) siendo utilizado por individuos que incluso están al servicio de grupos criminales difundiendo mensajes e imágenes que legalmente y éticamente, cualquier periodista está impedido de presentar”.
Proceso
