En México, desde la década de los ochenta, ha existido un rezago de la inversión tanto pública como privada, lo cual ha repercutido en el menor ritmo y dinámica de crecimiento presente y futuro de nuestra economía.
Después de haber crecido el PIB 5.5% promedio anual en el periodo 1970-1976, y 6.48% en el lapso 1976-1982, a partir del estallamiento de la crisis fiscal en 1982 comenzó la caída de la inversión pública, la cual tuvo su máximo histórico en 1981 (10.1% como porcentaje del PIB) y llegó a su mínimo histórico en 2000 al ubicarse en 2%.
Por su parte, la inversión privada aumentó su participación en la formación bruta de capital fijo a partir de los años 90, debido a las concesiones y privatizaciones de bienes públicos como la red de telefonía fija (TELMEX), autopistas de cuota, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Buena parte de estas inversiones, excepto TELMEX, terminaron siendo rescatadas por el sector público después de la crisis de 1994-1995, por la vía del FOBAPROA repercutiendo en mayor deuda pública.
El PIB creció en promedio anual solo 0.30% en el sexenio de MMH, el mismo promedio aumentó a 3.98% en el de CSG y a 3.26% durante la administración de EZPL.
En el lapso 2001-2012, el empresariado clamaba por las “reformas estructurales” para invertir, reformas que, durante los gobiernos de Fox y Calderón, no se concretaron; en su defecto, se crea la figura de los proyectos de asociación pública privada, además de los PIDIREGAS y los Contratos de Servicios Múltiples en Pemex y CFE; sin embargo, la inversión privada siguió siendo moderada; el PIB creció 2.15% en promedio anual en el sexenio de Fox y solo 1.93% en el de Calderón.
En el periodo de EPN, 2012-2018, el PIB creció en promedio anual 2.40 %; tanto la inversión pública como la privada se estancaron desde el segundo semestre de 2015, agravándose esta situación con el ajuste fiscal de 2016, el cual derivó en un fuerte recorte de la inversión pública, ya que esta pasó de representar 5.1% del PIB en 2015 a solo 2.6% en 2017 (SHCP,2018).
Por mencionar un parámetro estándar, el Banco Mundial recomienda que los gobiernos de los países emergentes destinen a inversión en infraestructura productiva, educativa, de salud y de servicios comunitarios, por lo menos el 4.5% del PIB, para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible (ODS); México está ahora casi dos puntos por debajo de dicho parámetro.
En 2021 la formación bruta de capital fijo en el país ha sufrido disminuciones desde 2018, y representa solo el 22% del PIB; la inversión privada contribuye con el 17%, la pública 3% y la inversión extranjera directa con 2% (INEGI,2021). Al reducirse la formación bruta de capital, por haber menor inversión, habrá menos activos de capital funcionando en la economía, y por tanto el crecimiento futuro será menor.
En la actualidad, diversos analistas económicos y financieros, atribuyen el deficiente crecimiento de los últimos años, no solo a los efectos conocidos de la pandemia de Covid 19, sino también a la contracción de la inversión privada, debido las expectativas de incertidumbre y, sobre todo, a la desconfianza empresarial en la ruta seguida por el gobierno obradorista.
No obstante, la contracción de la inversión privada no es un fenómeno nuevo, sino más bien un fenómeno crónico de nuestra economía.
Los obstáculos señalados por analistas y empresarios, han sido prácticamente los mismos durante décadas: inseguridad, “Estado de Derecho”, corrupción, inestabilidad política y electoral.
Por mencionar algunos ejemplos, de 2016 a la fecha, se mencionan como causas de incertidumbre y desconfianza, entre otras: las elecciones presidenciales de EEUU en 2016; las amenazas de Donald Trump hacia México; la revisión del TLCAN; los comicios presidenciales de 2018; la cancelación del proyecto del Aeropuerto de Texcoco; los proyectos “faraónicos” anunciados por AMLO; las elecciones de EEUU en 2020; los inicios de la presidencia de Biden; la reforma eléctrica; la inseguridad en Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Sonora y Quintana Roo y, recientemente, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Cierto, los inversionistas privados se caracterizan por su aversión a los riesgos; por ello, en condiciones de mayor incertidumbre, los gobiernos deben intervenir y responder con mayor inversión en la economía para estimular al sector privado.
De ahí que resulta paradójico e inconsistente que los analistas del sector privado, medios y actores políticos opositores al actual gobierno, cuestionen la inversión en grandes obras de infraestructura ferroviaria, energética y aeroportuaria que lleva a cabo el gobierno obradorista, luego de décadas de rezago y sin registrar obras públicas de mayor relevancia e impacto. Recordemos un poco:
Después de la construcción de autopistas de cuota en el periodo salinista, vino un periodo de reducción drástica de la inversión en infraestructura durante el zedillismo, cuando se aceleró la tendencia a las privatizaciones, entre otras, la de los ferrocarriles nacionales.
Posteriormente, los gobiernos del PAN, tanto de Fox como de Calderón, fueron incapaces de generar obras de infraestructura de gran calado para el país. De hecho, abortaron el aeropuerto de Texcoco y la refinería de Tula, entre otros proyectos de “relumbrón” que anunciaron y nunca iniciaron.
También con Peña Nieto, si bien se proyectó la construcción de un aeropuerto sobredimensionado y con sobrecostos, cuya terminación sería hasta 2026, también quedaron inconclusas las interminables y costosas obras de los trenes rápidos México-Querétaro y México-Toluca, y tampoco se iniciaron otros tantos proyectos ferroviarios en los estados de Jalisco y Nuevo León, también anunciados y sin implementar.
En adición, en el lapso 2001-2018, quedaron inconclusos no pocos proyectos de hospitales con los esquemas de asociaciones público privadas, algunos de los cuales fueron rescatados y concluidos por el gobierno obradorista en el lapso 2019-2020.
Para nadie es un secreto que el crecimiento del PIB y la inversión están fuertemente correlacionados; el problema es que para incrementar el gasto público en inversión física e incentivar mayor inversión privada, se requeriría de una reforma fiscal que permita aumentar la captación de ingresos tributarios o, en su defecto, ampliar el déficit fiscal y contraer más deuda, lo cual por el momento ni es viable políticamente, ni sostenible financieramente a mediano plazo.
La deuda pública actual ya asciende a 13 billones 404 mil millones de pesos y representa el 51% del PIB (SHCP,2021); su costo financiero por el interés compuesto seguirá aumentando. Gran parte de la enorme cuantía de esta deuda, no hay que olvidarlo, proviene de las crisis recurrentes de 1976, 1982, 1987, 1994 y 2009, y de los consecuentes rescates del sector público al sector privado…
Durango, Dgo. 27 de febrero de 2022
Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Fuentes: INEGI, SHCP. Los datos de crecimiento promedio anual del PIB, son de Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, con base en cifras del INEGI.
