Kimberly Clark de México (KCM) fue la empresa que lideró la manipulación de los precios de productos sanitarios en el mercado mexicano de 2008 a 2014 y fueron sus principales directivos los que organizaron las reuniones secretas con Productos Internacionales Mabe y Essity Higiene y Salud México, de acuerdo con el expediente IO-004-2017 del caso que llevó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
De acuerdo con la versión pública que se encuentra en la sección de Resoluciones de la Comisión, fue Fernando González Velasco, entonces Director de Ventas Productos al Consumidor de KCM, quien estableció los términos del acuerdo y organizó las reuniones en las que se compartió información para aumentar precios y quitar promociones de pañales para bebé, productos para la gestión menstrual y para la incontinencia.
En esas reuniones estuvo presente, según la misma documentación, Pablo Roberto González Guajardo, actual Director General de la empresa e hijo del empresario Claudio X. González Laporte.
Todo esto ocurrió mientras los productos de Kimberly Clark eran los de mayor circulación en México, en específico Huggies, Kleen Bebé, PullUps (pañales de bebé), Kotex (toallas) y Depend y Diapro (pañales para adulto).
“Estas reuniones [fuera de contexto de las reuniones formales de la Cámara de Papel] eran convocadas por KCM y el principal objetivo era discutir temas referentes a precios de los productos”, señala el documento y agrega que “las matrices de pañales para bebé y productos para incontinencia eran elaboradas por KCM”.
Sobre quién organizó las reuniones, en la página 30, de 470, se lee lo siguiente:
“Las reuniones eran generalmente convocadas por FGonzález [Fernando González Velasco] o VIsa [Virgilio Isa Castillo, Director de Mercadotecnia, Productos Infantiles] de KCM” y se realizaban en restaurantes y hoteles ubicados en Polanco, Santa Fé, Interlomas y en Costa Rica.
Hay correos electrónicos y llamadas telefónicas, en poder de la autoridad de Competencia Económica, que muestran la comunicación que establecieron con estos fines y en los que se encontró que los implicados sabían de la importancia de mantener en secreto sus comunicaciones.
La secrecía fue catalogada como “vital”, ya que —refiere el expediente de la investigación— “se observó que las personas conocían la ilegalidad de sus actos”. Las empresas manifestaron haber estado al tanto de que lo que hacían era violatorio a la Ley de Competencia.
Sin Embargo
