La anunciada propuesta presidencial de que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean electos por los ciudadanos a través del voto directo y secreto generó reacciones encontradas entre exconsejeros electorales.
Ayer, en conferencia, el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador anunció que después del próximo 10 de abril, fecha en que se realizará la consulta sobre la Revocación de su Mandato, presentará ante la Cámara de Diputados su iniciativa de reformas a la Constitución en materia electoral.
Adelantó que su propuesta consiste en que cada uno de los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, presenten listas de 20 “ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad”; es decir, “60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados, y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas y el que saque más votos ese va a ser el presidente, buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres”.
En la actualidad los consejeros del INE son electos por los votos de dos terceras partes de los diputados federales y los magistrados electorales son electos por dos terceras partes también de los senadores de la República.
Para María Marván, consejera electoral federal entre 2011 y 2019, la propuesta del presidente podría resultar costosa además de que haría aún más complejo el sistema electoral mexicano.
“Me parece que lejos de simplificar el sistema electoral que tenemos (…) lo que vamos a superponer es otro proceso electoral”, dijo.
Opinó que “los funcionarios electorales y los magistrados electorales no tienen que asumir que representan a los ciudadanos, su función no es ni puede debe ser representar a la ciudadana.
“Su función es, de los consejeros electorales, organizar las elecciones y, de los magistrados electorales, resolver los problemas jurisdiccionales que se crean en el proceso electoral”.
Añadió que sería un “gravísimo error” pensar que avanza la democracia mexicana al llevar estos puestos a elección popular.
El Economista
