La inamovible decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar la Constitución para formalizar la transferencia de la Guardia Nacional (GN) al Ejército, así como el reciente asesinato del estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel a manos de un integrante de aquella corporación, eleva el nivel de inconformidad y desencanto de legisladores y organismos de la sociedad civil que evidencian el penoso resultado que la corporación reflejó en su reciente informe, así como la incapacidad de sus integrantes para realizar acciones de seguridad pública.
Para el senador Emilio Álvarez Icaza “la reforma que el presidente quiere presentar no es más que para legalizar una violación: intenta ceder legalmente la Guardia Nacional a la Sedena. López Obrador argumenta que no podemos sacar al Ejército de las calles porque no hay quien responda en materia de seguridad pública y afirma que es lo que la gente pide. Lo más irónico es que esos eran los argumentos del expresidente Felipe Calderón para mantener a los militares en las calles. Esa propuesta de López Obrador es su derrota ética y política ante el calderonismo”.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señala que el asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato, acribillado el miércoles 27 en el poblado El Copal, Irapuato, es un ejemplo más para “oponerse a la reforma”. Agrega que de mayo de 2019 a marzo de 2021 se registraron al menos 161 eventos de uso de la fuerza por parte de la GN, en los que fallecieron 94 personas.
Y todo eso se debe a la falta de capacitación de los integrantes de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional –que integran en su mayoría la GN– para ejercer labores de seguridad pública, sumado a que desde 2019 –cuando se creó ese organismo– a la fecha sólo ha recibido capacitación 20% de sus efectivos, afirma la asociación civil Causa en Común.
El propio Informe Anual de Actividades de la Guardia Nacional, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) entregó al Senado, es, en opinión de Álvarez Icaza, “demoledor”: evidencia la falta de resultados de la corporación.
Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, da un ejemplo del desastre: “En 2021 la Guardia Nacional puso a disposición del Ministerio Público Federal sólo a 8 mil 990 personas; de éstas, sólo 14 fueron detenidas como resultado de labores de inteligencia. Y sólo 50 corresponden a delitos considerados de alto impacto, como son contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego o lavado de dinero; o sea que no investigan”.
Proceso
