A los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado los asesinaron en enero de 2022 a unos metros de su casa, en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, México. Habían solicitado protección a la Unidad de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California, pero el trámite traspapelado y la falta de coordinación con el Mecanismo de Protección Federal fueron fatales.
Historias como la de Lourdes y Margarito se repiten en cada una de las 32 entidades federativas del país. En una investigación sin precedentes, el Colectivo Desde Provincia, conformado por reporteras y reporteros de seis estados, indagó sobre el trabajo de las unidades, comisiones, mecanismos y fiscalías estatales encargadas de proteger a periodistas y personas defensoras.
A través de solicitudes de información a las autoridades, revisión de documentos oficiales y entrevistas con especialistas, los hallazgos fueron los siguientes: 24 estados respondieron que sí cuentan con alguna instancia gubernamental para la protección de periodistas y personas defensoras, pero solo ocho tienen un presupuesto específico, la mayoría no tiene personal suficiente y capacitado en temas de libertad de expresión o de defensa de periodistas.
Los datos confirman que Guerrero, Morelos y Sinaloa son los tres estados donde las instancias de protección a periodistas están operando sin titular. También hay estados donde quienes colaboran en dichas instancias lo hacen de forma honoraria, es decir, sin recibir pago, como ocurre en: Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas. Lo anterior ocurre ya sea porque no hay presupuesto o porque esta actividad es una más de las que ya tiene a su cargo en la administración pública.
A través de 115 solicitudes de información, revisión de 143 documentos oficiales de las unidades a cargo de la protección de periodistas, el Colectivo Desde Provincia revisó los casos específicos de Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, Coahuila y Baja California, para los cuales habló con periodistas, organizaciones civiles y responsables de las unidades.
En el occidente de México, en Jalisco hay un consejo acéfalo, sin presupuesto y con más de dos años sin sesionar desde 2018, sus integrantes solicitaron reiteradamente asignación de presupuesto, sin que hubiera respuesta positiva y, con la administración estatal actual, no se han nombrado a consejeras y consejeros que continúen con el trabajo.
Mientras tanto, en la parte central del país, en el estado de Puebla, tres oficinas simulan proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, dos de ellas dependen de la Secretaría de Gobernación, pero los recursos financieros y humanos son mínimos, y no existe transparencia en la conformación de las mismas. A pesar de esta estructura, periodistas de zonas de riesgos, como son aquellas donde existen delitos como el robo de hidrocarburos, siguen en el abandono.
La situación en Guanajuato es que existe un mecanismo de protección a contrapelo porque se creó un Atlas de riesgos para periodistas, el cual no es público y a través de transparencia se entregó testado. El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, que inicialmente integró a reconocidas activistas y periodistas, tiene recursos, pero han sido subejercidos, a pesar de la situación de violencia que ha puesto en riesgo a periodistas y personas defensoras.
Lo que ocurre en el centro de país se aguza en la costa Atlántica, en Veracruz, donde se tiene un millonario presupuesto que no protege a periodistas; es el estado con más casos de periodistas a quienes se ha asesinado en México: 31, de 2000 a lo que va 2022, de acuerdo con Artículo 19 para México y Centroamérica. A pesar de que en 2012 se creó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, familiares de periodistas víctimas de homicidio aseguran que la atención es insuficiente, no solo por la falta de potestad jurídica, sino porque el presupuesto de la dependencia se invierte en salarios de sus 41 colaboradores.
Lo que pasa en el centro se extiende a los estados del norte, donde se han incrementado las agresiones contra periodistas. En Coahuila, convenios inoperantes hacen que periodistas se enfrenten a impunidad, el gobierno del estado firmó un acuerdo para instalar la comisión de prevención y protección de periodistas desde 2012, pero a la fecha no se ha concretado. La Fiscalía de Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y Testigos es quien se encarga de dar seguimiento a las agresiones a periodistas, al igual que para casos de feminicidios y violencia familiar, sin que hasta el momento se haya logrado el acceso a la justicia de periodistas que han interpuesto denuncias.
Mientras, en Chihuahua hay dos mecanismos de protección con poco éxito: el primero, creado en 2006 (en 2010, aprobaron el protocolo) después de una gran exigencia por parte del gremio periodístico, fue dejado en el olvido, y con los años se conformó otra instancia a que se le ha dotado de presupuesto de más de 19 millones de pesos anuales en promedio, pero sin que haya resultados exitosos.
En tanto que en Baja California, el gobierno estatal reactiva el mecanismo de protección después de los asesinatos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, pero sin tocar el problema de fondo: la falta de acceso a la justicia y la falta de un compromiso real por parte de las dependencias para proteger a periodistas y personas defensoras.
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