La llamada Operación Justicia para Chihuahua, aplicada durante el gobierno del panista Javier Corral Jurado (2016-2021), fue en realidad un plan para presionar, torturar e indiciar a más de 300 ex funcionarios locales, empresarios y opositores políticos en 89 carpetas de investigación y convirtió a 85 de ellos en testigos protegidos para que señalaran como culpables de peculado y otros delitos a colaboradores del ex gobernador César Duarte Jáquez, ahora preso por presunto desvío de recursos, indicaron ex servidores públicos que afirman haber sido víctimas de esas acciones.
Las investigaciones iniciadas el año pasado por esos casos, relacionados con los conocidos como Expedientes X, ya dieron como resultado la detención el pasado 21 de noviembre del ex fiscal Francisco González Arredondo, quien fue jefe de los agentes del Ministerio Público que participaron en la Operación Justicia para Chihuahua desde los sótanos de la llamada Casa del Terror (antes Casa de Gobierno del estado de Chihuahua).
González Arredondo enfrenta un proceso penal por actos de tortura, a partir de una imputación presentada por la Fiscalía General de Justicia de la entidad, ahora a cargo de Roberto Javier Fierro Duarte.
Tras la detención de González Arredondo, varios de los ex funcionarios que fueron indiciados y sujetos a proceso o que alguno de sus familiares fue encarcelado en esa época, decidieron dar a La Jornada su testimonio de lo vivido durante el gobierno de Javier Corral Jurado.
La estrategia de seguridad de los Expedientes X, de acuerdo con el quinto Informe de gobierno de Corral, presentado en agosto del año pasado, permitió la judicialización de 123 casos, la ejecución de 92 órdenes de aprehensión y 16 sentencias condenatorias.
La Jornada
