El miércoles 6 de diciembre la incertidumbre se apoderó de Perú. El presidente Pedro Castillo anunció en horas de la mañana la disolución del Congreso y convocó a elecciones legislativas para redactar una nueva Constitución. También anunció un toque de queda y la reorganización del sistema de justicia de Perú, incluidos los tribunales superiores, al tiempo que se comprometió a respetar la propiedad privada y la libertad empresarial. También dijo que todas las armas ilegales en posesión de los peruanos debían ser devueltas a la policía en un plazo de 72 horas.
Esto sucedió justo antes de un debate de impeachment en su contra, lo que intensificó una crisis política que es permanente en Perú y puso en peligro la democracia del país. El ya expresidente tuvo una relación compleja con los legisladores desde el comienzo de su administración en julio de 2021 y sobrevivió a 2 intentos de impeachment anteriores.
Los miembros de la Corte Constitucional peruana describieron las medidas decretadas como un “golpe de Estado”. Según Castillo, él tomó las medidas para establecer un Gobierno de excepción con el objetivo de “restablecer el Estado de Derecho y la democracia”. Lo que no previó fue que carecía de apoyos para su improvisado proyecto.
Pocas horas después de su decisión, la cámara de representantes del mismo Congreso que él quiso disolver aprobó su destitución fulminante. Acto seguido, y cuando al parecer iba camino de la Embajada de México en busca de asilo, fue arrestado por la policía. Más tarde, un Juez lo envió a prisión con cargos de rebelión, entre otros. Así terminó su mandato.
Sin Embargo
