Recibí un breve mensaje de texto en mi teléfono que me lleno´ de ansiedad. Tenía que ser algo importante y muy delicado, de eso no tenía la menor duda.
“¿Podemos vernos en 90 minutos en la Freedom Plaza? No lleves tu teléfono celular”. Quien me escribía era un fiscal federal de distrito del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a quien conocí en noviembre de 2018 en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, al inicio del juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán.
La Freedom Plaza (Plaza de la Libertad) se encuentra sobre la calle 14, entre la avenida Pensilvania y la calle E, y a tres cuadras de la Casa Blanca. Desde la Plaza se puede ver el Capitolio, y sobre esa misma vena vehicular se encuentra tambie´n la sede del Departamento de Justicia.
Era el martes 7 de abril de 2020. Llegue´ 20 minutos antes de la hora convenida, estaba ansioso. A los pocos meses de concluidos el juicio y la sentencia de cadena perpetua ma´s 30 an~os de prisio´n al Chapo, me encontre´ con el fiscal en Washington durante el receso de una audiencia del juicio en contra de un capo importante del narcotra´fico en Me´xico. El fiscal me habi´a pedido en otra ocasio´n que le diera mi nu´mero de tele´fono. “So´lo te buscare´ el di´a que tenga algo importante e interesante que contarte.” E´l no me dio el suyo. “Tengo varios, yo te buscare´”, se justifico´.
Tras 20 minutos de esperar absorto en mis pensamientos, me sorprendio´ el fiscal cuando se puso frente a mi´ para saludarme. Me pregunto´ si llevaba conmigo el celular, le conteste´ que no, y enseguida cuestiono´ si llevaba una grabadora. Se la mostre´, me la pidio´ y se cercioro´ de que estuviera apagada.
“Todo lo que te voy a contar es off the record, deje´ mis tele´fonos en la oficina”, comento´ y se toco´ los bolsillos del pantalo´n y del saco como para demostra´rmelo.
Comenzo´ por exigirme garanti´as de que nada de lo que me narrari´a se publicara, pues se trataba de una investigacio´n federal en curso: “Eso podri´a entorpecer la pesquisa y acarrearme una acusacio´n en Estados Unidos por el delito de obstruccio´n de justicia”. Asenti´ con la cabeza, todo eso lo sabi´a muy bien tras varios an~os de cubrir como reportero casos criminales de alcance federal de la Unio´n Americana. Comenzamos a caminar sobre la explanada.
–Hay en Nueva York, en la Corte del Distrito Este, un caso muy delicado que tiene que ver con tu país. Se trata de un general de las Fuerzas Armadas metido con el narcotráfico. Un general muy importante. La DEA lo ha investigado y tiene pruebas en su contra –me explico´, palabras más, palabras menos. No grabe´ ni tome´ notas, el fiscal no me lo permitió. De modo que no puedo citarlo, pero sí intentar recrear el día.
Quise saber el nombre del general bajo investigacio´n, pero se nego´ a develarlo. Me aclaro´ que se trataba de un militar que fue muy importante durante la presidencia de Enrique Pen~a Nieto. El pitazo me lo daba, como lo planteo´ e´l, para que con mis “fuentes mexicanas” intentara descubrir si el gobierno del presidente Andre´s Manuel Lo´pez Obrador estaba enterado del caso.
Entonces me aclaro´ que si lograba conseguir información del lado mexicano sobre este asunto, podría publicarla en Proceso. Por su supuesto que quedaba vetado mencionar alguna fuente estadunidense: la omisión podría ser la salida para un reportero mexicano que provocara un escándalo al anticiparse a la exposición pública no autorizada por una corte federal sobre un caso criminal extraterritorial. Su consejo como abogado no me convenció del todo. Yo sabía que, en caso de publicar la nota, si lograba obtener alguna corroboración del lado mexicano, no precisamente quedaría invulnerable a un pleito con las agencias federales u otras instancias del gobierno de Estados Unidos, aun cuando no mencionara fuentes de ese país.
El fiscal estaba a punto de despedirse cuando le pregunte´ lo siguiente –esto si´ lo cito en forma textual–:
–¿Algo ma´s?
–Creo que al general le dicen El Padrino –me respondio´ y emprendio´ la caminata hacia el Departamento de Justicia.
Proceso
