«Nuestros órganos autónomos son encabezados por seres humanos falibles, con distintos criterios y contextos, con distintas historias de vida y objetivos personales y profesionales. Pero las fotografías que sus decisiones producen en conjunto terminan igual: cuando se trata de población indígena, los órganos autónomos aplican todo el peso de la ley; cuando se trata de corporaciones privadas, aplican muchos, muchos derechos humanos. Qué curiosos.
Las semanas recientes nos han ofrecido dos estampas de lo mismo. Al indígena o al ciudadano común, la fuerza del Estado, la ley inquebrantable; al poderoso, el beneficio de una dulce justicia. (Quizá sea porque ya trabajamos para el poderoso o porque el poderoso nos ofrecerá trabajo cuando dejemos el gobierno, pero esto es pura especulación mía).
Revisemos los dos casos. Primero, el de los indígenas.
El INE (Instituto Nacional Electoral) obligó hace unas semanas a una radiodifusora indígena, cuya comunidad pertenece a las etnias háhuat y totonaca del Norte de Puebla y de Veracruz, a transmitir los spots de los partidos políticos con propaganda electoral y de un sistema de gobernanza y gestión política y social diferente a sus tradiciones y su cosmovisión.
El órgano autónomo electoral —encabezado por Lorenzo Córdova Vianello, célebremente famoso, entre otras cosas, por la filtración de una llamada telefónica en la que se burlaba cruelmente de un representante indígena— decidió cumplir al pie de la letra las obligaciones que le impone la ley y que le impiden, además, exentar a ningún concesionario de radio de la transmisión de la propaganda electoral.»: José Soto Galindo.
