A pesar de que el cabildeo de la industria extractiva en el Congreso logró ajustes a su favor para obtener agua de laboreo y seguir especulando con las concesiones, el Gobierno federal enfrenta el reto de aplicar la recién aprobada Ley Minera tanto a los empresarios más ricos de México, Carlos Slim (Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y la familia Baillères (Peñoles), como a las compañías canadienses, que concentran la mayoría del capital extranjero del sector, planteó el colectivo Cambiémosla Ya.
La Ley en materia minera que el Senado aprobó en la madrugada del sábado actualiza la legislación salinista que durante tres décadas priorizó la extracción y especulación de minerales por encima del derecho humano al agua, al medio ambiente sano y al territorio.
“Más allá de la peculiar noche en el Senado, se prevé que venga una lluvia de amparos. ¿Cómo implementar lo que se aprobó? El trabajo es enorme, urge reglamentar estas buenas intenciones”, dijo Manuel Llano, miembro del colectivo que impulsó durante años una reforma, Cambiémosla Ya, y director de CartoCrítica, una organización que recién mapeó los proyectos mineros en territorio nacional y detectó que el 82 por ciento de concesiones no tiene ninguna operación, ya que sólo se usan para especular ante inversionistas.
Este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que esta nueva Ley aplicaría para las nuevas concesiones. “Eso también para aclarar: es hacia adelante y ya se ponen condiciones que no existían, por ejemplo tiene que haber consulta a las comunidades”.
“Eso ya está contemplado en la nueva iniciativa, de todas maneras se va a hacer una revisión, pero sí aclaro que al aprobarse, es hacia adelante. Aclaro que incluye esto que hacía falta porque fue un abuso en efecto lo que hicieron. Nunca vamos a olvidar que destruyeron por la extracción de oro el cerro de San Pedro en San Luis Potosí que es el símbolo de San Luis Potosí”, expresó.
El presidente López Obrador recordó que los Gobiernos neoliberales otorgaron de concesiones 120 millones de hectáreas, “que no acabarían de explotarlas en siglos, en milenios, porque estamos hablando de 60 por ciento del territorio nacional”. En ese sentido, señaló que su administración no ha entregado ninguna nueva concesión. Cuestionó además que el subsuelo concesionado se use para especular. “Es un poco lo que sucedió con los bloques que se entregaron para la explotación petrolera, cuando se privatizaron zonas para la exploración del petróleo en suelo y aguas someras. Primero engañaron de que era para aguas profundas, que ya teníamos un tesoro”.
Hasta el cierre de esta edición, la Cámara Minera (Camimex) ni la Secretaría de Economía, encargada de dar concesiones mineras, dieron a SinEmbargo un comentario solicitado sobre las posibles impugnaciones o demandas millonarias de empresas internacionales y nacionales. Por la noche de ayer, la dependencia dirigida por Raquel Buenrostro informó en Twitter que hubo un encuentro con el Embajador de Canadá, Graeme Clark, así como con representantes de empresas mineras canadienses para reiterar que con esta reforma “se respetan los tratados comerciales”.
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