«El dinero público es como el agua bendita: todo el mundo se santigua con él». — Proverbio popularizado en la ciencia política.
En economía pública existe una máxima irrefutable que no admite discursos ni propaganda: «Dime cómo gastas y te diré quién eres». El presupuesto no es una simple hoja de cálculo; es el documento político y moral más importante de cualquier gobierno. Es la declaración exacta de a quién se beneficia, a quién se castiga y, sobre todo, a quién se le compran lealtades.
Al analizar con rigor contable el gasto ejercido por clasificación administrativa del Municipio de Durango (2019-2025), la narrativa oficial de atención y cercanía ciudadana de la administración de José Antonio Ochoa se desploma. Lo que los datos revelan no es un gobierno eficiente, sino un auténtico aquelarre presupuestal: una hiperconcentración de la riqueza pública en la cúpula, el pago descarado de cuotas políticas y un desdén absoluto por las instituciones que atienden al ciudadano de a pie.
Vayamos a los números, que, a diferencia de los políticos, no mienten.
El hallazgo más escandaloso de este análisis es la explosión financiera de la Presidencia Municipal. En el último año de la administración anterior (2021), el costo de mantener esta oficina era de 27.7 millones de pesos. Bajo el mando de Toño Ochoa, esa cifra sufrió una mutación grotesca, disparándose a 91.3 millones de pesos en 2023. Hablamos de un incremento del 167%.
Mantener la oficina de Toño Ochoa nos cuesta a los duranguenses casi el triple que a sus antecesores. Este salto no responde a ninguna inercia inflacionaria, ni a un aumento en las atribuciones legales de la dependencia. Responde a un modelo de «escaparate y control»: recursos inyectados masivamente para el culto a la imagen, asesores, comunicación social y partidas discrecionales. Es la privatización del dinero público para la promoción personal.
Si el primer trienio (2022-2024) fue para consolidar la caja chica de la Presidencia, el arranque de su segundo mandato (2025) marca claramente el cobro de facturas. El presupuesto proyectado para el Sindicato de Trabajadores Municipales es demoledor: un salto atípico que rompe la barrera histórica para situarse en los 52.5 millones de pesos.
Mientras a los ciudadanos se les pide paciencia para tapar un bache o encender una luminaria, el gobierno municipal institucionaliza el gasto político inyectando capital masivo a las bases sindicales. Esto no es mejora laboral, es la compra anticipada de gobernabilidad y paz política de cara a un nuevo trienio, financiada, por supuesto, con nuestros impuestos.
El contraste es lo que vuelve a este análisis una denuncia obligada. Mientras la élite del Ayuntamiento nada en la abundancia, la estructura social de base sobrevive de milagro. Tomemos como ejemplo los Juzgados Cívicos, la primera trinchera donde el ciudadano acude por un vecino ruidoso, un conflicto de tránsito o una falta administrativa, apenas vieron un raquítico aumento.
Mientras la Presidencia creció un 167% y la Sindicatura un 184%, los Juzgados Cívicos apenas vieron un raquítico aumento del 15% en todo el periodo. Pasaron de 16.1 millones en 2022 a 18.5 millones proyectados para 2025. En términos reales, descontando la inflación, esto es un recorte. La justicia de a pie está castigada porque no genera rentabilidad electoral inmediata ni aplausos en redes sociales.
¿Hay salida a este secuestro presupuestal?
El diagnóstico es severo: estamos ante una administración que gasta para sí misma, no para Durango: Lo mismo se inventa gerencias como las de parques y centro histórico; concentra múltiples recursos para la operación en un Instituto en pos del “desarrollo humano”; o bien, para el trabajo político de la Síndico Municipal. No obstante, desde la trinchera económica y ciudadana, existen mecanismos para frenar este festín:
- Topes Vinculantes al Gasto Administrativo (Regla Fiscal Municipal): Es urgente promover una iniciativa en el Cabildo y el Congreso del Estado que limite por ley el crecimiento del gasto de la oficina de la Presidencia y dependencias no operativas. Su crecimiento anual jamás debe ser superior a la inflación. El excedente debe etiquetarse obligatoriamente a obra e infraestructura.
- Auditoría Forense a la Partida de Presidencia: Los 91 millones de pesos de 2023 y los casi 90 millones para 2025 exigen una auditoría externa e independiente. ¿En qué se gastó el diferencial de 60 millones que no gastaba la administración pasada? Los ciudadanos tienen derecho a ver las facturas de ese sobreprecio.
- Presupuesto Base Cero para Sindicatos: El financiamiento a sindicatos con recurso público debe dejar de ser una bolsa oscura de negociación política. Se requiere transitar a un esquema donde cada peso transferido esté condicionado a auditorías de desempeño y transparencia total de sus padrones.
- Indexación de la Justicia y Servicios Base: Así como se garantizan aumentos a las cúpulas, debe establecerse un suelo financiero inamovible para áreas como Protección Civil, Juzgados Cívicos y Servicios Públicos, indexando su crecimiento mínimo al aumento natural de la recaudación propia.
El dinero existe. El municipio aún no está quebrado, pero para allá va. Está secuestrado por las prioridades equivocadas de quienes lo administran. Es momento de que la sociedad civil, los empresarios y la academia dejen de aplaudir discursos y comiencen a auditar las cuentas. Porque, al final del día, los números de Toño Ochoa ya nos dijeron quién es; ahora nos toca a nosotros decirle hasta dónde se lo vamos a permitir.
Leonardo Álvarez / leonardo.alvarez@gdinnovaciones.com
