Desde la mesa de redacción de @loscabareteros, ponemos a su consideración la “Columna de columnas nacional” del lunes 12 de diciembre de 2016. Se destaca la crítica y análisis a los dichos del General Cienfuegos, la respuesta del gobierno mexicano y las posibles consecuencias. Que disfruten su lectura:
Acción legal
En su columna Frentes Políticos, en el Excélsior, escribe respecto al tema de regresar al ejército a los cuarteles o definir un marco legal para su actuación en labores policiales. Al respecto escribe que: “Los senadores priistas, encabezados por Emilio Gamboa Patrón, se pronunciaron por un periodo extraordinario, al que convocaron a legisladores de otros partidos políticos para normar la actuación del Ejército y la Armada en acciones civiles, donde la paz está amenazada, porque las autoridades locales han sido rebasadas por el crimen organizado y la vida de sus habitantes está amagada por la inquietud y la zozobra. Los mexicanos tenemos un gran respeto a las Fuerzas Armadas, institucionales, leales y patriotas, pero su función no es del orden civil. Sin embargo, el alto grado de violencia, el elevado número de delitos y una mayor presencia de la delincuencia organizada, han hecho necesaria la intervención de los militares en ciudades, municipios y poblados, para reimplantar el orden. Más que nunca, se necesita una ley para un justo equilibrio entre los derechos humanos y el trabajo que realizan el Ejército y la Marina”.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/2016/12/12/1133668
El Auto-Golpe
En el periódico Reforma, Denise Dresser, politóloga y catedrática del ITAM, hace una aguda crítica contra la posible legitimación legal del actuar del ejército en labores policiales, critica la respuesta del gobierno y analiza las posibles consecuencias. Al respecto escribe que: “El general Cienfuegos acaba de chantajear al presidente de la República y Enrique Peña Nieto se ha dejado chantajear. Un mando militar acaba de imponerse a un mando civil y pocos respingan. Décadas de tradición y práctica constitucional que le permitieron a México evitar la militarización, ahora amenazadas por el Ejército empoderado. Empecinado. Engolosinado con el poder que ha adquirido y razón por la cual va por más. Con la iniciativa de ley para la «Seguridad Interior» que busca darle protección legal a aquello que los militares hacen extralegalmente. Con la propuesta para suspender las garantías individuales sin controles, sin transparencia, sin vigilancia civil al ámbito militar. Generales que crecen mientras civiles se encogen. Soldados cada vez más presentes, ante policías cada vez menos profesionalizados. México encaminándose a un Estado de excepción, donde la excepción se vuelve la regla. Porque el general «Milfuegos» amenaza con un motín militar si no le dan la cobertura constitucional que requiere para seguir en las calles. Porque después de años de guerra, 52 mil elementos desplegados, 84 operaciones regionales para «reducir la violencia», el despliegue de 75 puestos de seguridad, 213,000 muertos, un índice de letalidad espeluznante en el cual el Ejército mata a 8 por cada 1 que hiere, 12,408 quejas ante la CNDH y el involucramiento de mandos militares en Tlatlaya y Ayotzinapa, el general necesita leyes que le laven la cara. Leyes que lo protejan a él y a otros altos mandos. Leyes para evitar que algún día la Fiscalía General o la comunidad internacional lo llamen a rendir cuentas. Y como sabe que eso es posible, anuncia que si no las consigue, regresará a los cuarteles, a sabiendas del temor que eso inspirará. Incita a la desobediencia castrense para producir la protección civil. Pero lo que hay detrás de la exigencia para «regular el uso de la fuerza» es el permiso para aplicarla inconstitucionalmente. Para darle atribuciones al Ejército que no debería tener. Para centralizar el poder y debilitar el federalismo después de criticar a los gobernadores y a los presidentes municipales por no ejercerlo adecuadamente. Para militarizar a México de modo sigiloso, tramposo. El propio Peña Nieto lo admitió al declarar que «el Ejército hace funciones de investigación y funciona como Procuraduría». He ahí una cesión voluntaria del poder civil al poder militar para que ocupe los vacíos que las policías y el sistema de justicia penal no han podido llenar. Los vacíos que deberían llevar a la pregunta central: ¿Quién debe estar a cargo de la seguridad pública del país? ¿El Ejército o las policías?. (…) Para protegerse a sí mismo (Peña Nieto) está dispuesto a hacerle concesiones inaceptables al general Cienfuegos y los suyos. Está dispuesto a violar la Constitución y volver legal lo que ningún Presidente civil ha permitido por los peligros que entraña. Una situación de la cual no habrá ruta de regreso o será después de muchos más muertos, desaparecidos, torturados o ejecutados extrajudicialmente. Está avalando -de la mano del Congreso y sus iniciativas- un auto-golpe de Estado. Porque en lugar de regresar al Ejército a los cuarteles, el gobierno está permitiendo la cuartelización del país”.
http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=103022
Sobre la creciente militarización del país
En el periódico Excélsior, Leo Zuckermann escribe respecto a legalizar el actual de los militares, lo siguiente: “Se están cumpliendo diez años de que el entonces presidente Calderón le declarara la guerra al crimen organizado ordenando al Ejército y Marina combatir a los delincuentes en todo el territorio nacional. Es cierto: no fue la primera ocasión en que los civiles echaron mano de las Fuerzas Armadas para resolver un problema de seguridad pública. Pero nunca habíamos visto una movilización tan extensa en tiempo y espacio en estas tareas, movilización que ha continuado durante el gobierno de Peña. Calderón supuestamente sacó al Ejército y Marina de sus cuarteles para enfrentar una emergencia que en realidad no existía. En diciembre de 2006, México contaba con la tasa más baja de homicidios por cada cien mil habitantes desde que comenzó a medirse esta variable: 9.85. Todavía bajó a 8.24 en 2017. Calderón declaró la guerra en el momento más pacífico de México desde 1931. Al terminar su sexenio en 2012, la tasa de homicidios se había disparado a 22.5 por cada cien mil habitantes. Pues sí: las guerras producen muertos y la nuestra no ha sido la excepción. A lo largo de estos diez años, una y otra vez se ha repetido que la intervención de las Fuerzas Armadas era temporal. Su participación se justificaba por la ausencia de policías serias y profesionales que protegieran a la población. Las autoridades civiles —federales, estatales y municipales— firmaron un pacto para mejorar las fuerzas policiacas del país. Diez años después, que no es poco tiempo, algo se ha avanzado, pero, en general, nuestras policías siguen siendo un desastre. No hay ni mando único ni mando mixto ni voluntad por resolver el entuerto. Las organizaciones de la sociedad civil no se cansan de repetirlo. De esta forma, lo que supuestamente sería temporal se ha convertido en permanente: la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles realizando labores de seguridad pública. Es el fracaso de la autoridad civil de nuestra República. (…)Si la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública va a ser permanente, hay que legislar al respecto (tiene razón Cienfuegos en solictarlo). Hacer de jure lo que está sucediendo de facto. Pero esto implicaría renunciar al ideal de una República donde las Fuerzas Armadas están en sus cuarteles velando por la seguridad nacional y las fuerzas civiles, en las calles proveyendo seguridad pública. Como bien dice Catalina Pérez Correa, experta en este tema, el marco jurídico para los militares “no puede simplemente plantear —como hacen las propuestas legislativas hoy en la mesa de Roberto Gil y César Camacho— que se normalice y haga permanente lo que es inconstitucional. Si hemos de vivir en una República civil, la intervención militar debe ser la excepción, no la regla. Cualquier propuesta de regulación del Ejército debe ir orientada a regresarlo a sus cuarteles, responsablemente. Debe además ir acompañada por una ley que regule el uso de la fuerza y establezca mecanismos institucionales para fiscalizarla”. Ése es, precisamente, el gran reto de la creciente militarización del país”.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/2016/12/12/1133673
Cienfuegos contra Cantinflas
En el periódico El Universal, el politólogo Ricardo Raphael, respecto a la respuesta que dio Enrique Peña Nieto al General Cienfuegos, escribe lo siguiente: “Si el cómico viviera exigiría pago por derechos de autor y es que el exceso con que se le imita es ofensivo. Las palabras merecen consideración cuando se dicen con franqueza y al general Salvador Cienfuegos le han faltado al respeto con el atroz cantinfleo. El secretario de la Defensa decidió subir el tono de su argumentación para señalar la irresponsabilidad que los gobernantes mantienen con respecto a la permanencia de los soldados en las calles. Aludió con enojo a cada uno de los poderes de la República: a los gobiernos locales los acusó de ser incapaces para reformar a sus policías. Al Poder Judicial le reclamó su ineficacia a la hora de implementar una nueva ley penal que de nada ha servido para encarcelar a los criminales. Al Poder Legislativo lo señaló por impreciso a la hora de formular las instrucciones y normas que deben regir al Ejército y la Marina. Y al Poder Ejecutivo lo denunció de ser políticamente omiso a la hora de resolver las ambigüedades que mantienen a los militares en estado de indefensión jurídica. ¿Así o más claro? Cienfuegos agregó además que hoy es inconstitucional la actuación del Ejército y la Marina cuando enfrentan a la delincuencia. No dijo —como afirma la Suprema Corte— que estuvieran actuando dentro de los márgenes de la Constitución, sino apartados de esa frontera. Añadió también que los soldados no se han formado para perseguir delincuentes y por tanto se hallan en permanente riesgo de violar derechos humanos. (…) Cabe estar en desacuerdo con el general Cienfuegos pero lo único que ese hombre no debió recibir fue la respuesta rocambolesca que le propinaron. Frente a su honestidad habría sonado ofensiva aquella tontería de Luis Echeverría: “no nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario.” Y sin embargo me temo que Enrique Peña Nieto logró superarla cuando respondió al secretario de Defensa: “más allá del contexto o de la descontextualización que hubiesen hecho o expresado, coincido plenamente con él”. ¿A qué contexto se refirió el presidente? ¿A los diez años frustrantes de intervención militar dentro del territorio nacional? ¿A los más de 200 mil muertos? ¿A la abultada lista de violaciones a los derechos humanos? ¿A la inconstitucionalidad? ¿Qué quiso decir el presidente con descontextualización? ¿Supone que los medios malvados tergiversaron las declaraciones del general? ¿Considera el presidente fuera de contexto el que su secretario de la Defensa hable como habló? ¿O quizá no sabía el jefe del Estado mexicano que dentro de las Fuerzas Armadas el contexto vigente se juzga ya como intolerable e insostenible? (…) Lo dicho: el Ejército y la Marina mexicana no se merecen un trato cantinflesco y ese ha sido el que han recibido, no de ahora, sino desde hace diez años en que las instrucciones para los soldados —parafraseando a Peña Nieto— se contextualizan y descontextualizan sin haber hecho o expresado (nada con precisión), pero coincidiendo plenamente con ellos. ¿Qué militar puede actuar con responsabilidad cuando tiene por encima un mando civil tan, pero tan Cantinflas?”.
El secretario Cienfuegos. La enfermedad y la medicina
Por su parte en Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe sobre la legislación sugerida por el Secretario de la Defensa a fin de que el ejército pueda continuar con su labor en las calles, pues comenta “hizo en una conferencia de prensa un balance de estos diez años de guerra contra el narcotráfico […]. Cienfuegos hizo un diagnóstico que me parece preciso: ‘El balance es que a 10 años de que se determinó que todas las policías se reconstruyeran todavía no las vemos reconstruidas… No es un asunto que se va a resolver a balazos, requiere de otros componentes’. Frente al fracaso del Estado por tener policías que hagan su trabajo, insistió en dotar al Ejército de un marco jurídico que regule su intervención en eso que, según él mismo, no le corresponde. Ayer el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que pedirá un periodo extraordinario para aprobar esa ley. Es decir, el gobierno y los partidos parecen haber abdicado. Lo que se hizo hace diez años por una supuesta ‘emergencia’, se pretende ahora normalizar […]. Lo que está a punto de regularizar el Congreso es la medicina incorrecta para la enfermedad. No ha funcionado en diez años. El Estado está a punto de abdicar en su obligación de brindar protección a los ciudadanos con instituciones civiles. Y se la entregará a quienes, en sus propias palabras, no se sienten a gusto, no están preparados para ello y no les corresponde. Es la confesión de un enorme fracaso cuyas consecuencias son imprevisibles”.
http://www.milenio.com/firmas/carlos_puig/secretario_defensa-cienfuegos-ejercito_18_864693564.html
Urgencia de los militares: ¿Por qué? ¿Para qué?
En La Jornada, Julio Hernández López, en su columna Astillero, escribe hoy respecto del manotazo de Salvador Cienfuegos sobre los militares en las calles, pero hace énfasis en la premura del Senado por debatir la reforma legal que legitimaría la actuación de la Marina y el Ejército en las calles. Al respecto, escribe lo siguiente: “El golpe sobre la mesa muestra a un poder civil doblegado. Ayer, los conductores de los trabajos en el Senado de la República (el máximo jefe, el priísta Emilio Gamboa, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Fernando Herrera) y los tres principales partidos en constante coalición (PRI, PAN y PRD) se allanaron a las exigencias planteadas de manera insólita, días atrás, por el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, y anunciaron que con prontitud convocarán a un periodo extraordinario de sesiones, tal vez en enero, apenas pasen las fiestas de temporada. La premura legislativa busca dotar al Ejército y a la Marina de protección legal para continuar, incluso intensificar, las acciones armadas contra el crimen organizado, pero además contra todo aquello que provoque alteraciones a la seguridad interior. La mayor parte de lo hecho por esas corporaciones, a lo largo del decenio de horror inaugurado por Felipe Calderón Hinojosa en Apatzingán, Michoacán, ha carecido de legalidad, como lo ha confirmado el propio general Cienfuegos al abogar por un nuevo marco jurídico. Basta leer el discurso del titular de la Sedena para encontrar suficientes confesiones de parte respecto a la ilegalidad en que se han movido las fuerzas armadas mexicanas, impelidas por los ocupantes de Los Pinos, el citado Calderón y, en los cuatro años recientes, por Enrique Peña Nieto, continuador, con su propio estilo y preferencias, del menú de sangre y fuego heredado por el panista. Pero, ¿por qué esta urgencia de los mandos militares (el general Cienfuegos y el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz) por regularizar lo que ha sido tan aceptadamente irregular durante 10 años? ¿Por qué acerar la mano gubernamental ahora, cuando se ha entrado al tramo final del sexenio y podría suponerse que ya no hay verdadera necesidad de cambiar los términos de las operaciones militares? ¿Por qué se dio esta sincronizada operación política de chantaje (Semar y Sedena declaran; Los Pinos coincide; el Senado acelera el proceso legislativo) para blindar las futuras operaciones militares? ¿Qué tareas especiales habrán de realizar los militares de 2017 en adelante? Un intento de respuesta podría considerar que las maniobras militares recientes, y las que se esperan, son el reconocimiento de la profunda crisis nacional. El país se encamina hacia peores formas de ingobernabilidad y hacia mayores turbulencias sociales y económicas. El poder civil está deslegitimado: las entidades federativas son un botín de los gobernadores y sus camarillas; el crimen organizado multiplica secuestros, extorsiones y asesinatos (…) el gobierno federal está hundido en la frivolidad (con la canciller haciendo guacamole, por ejemplo), en la corrupción y la fragilidad económica (Carstens pegando la nada graciosa huida) y en la parálisis frente a la sostenida amenaza desestabilizadora de Trump (Videgaray zopiloteando para ver cómo aprovechar la coyuntura para él y su grupo). A ese cuadro crítico debe agregarse que Peña Nieto está frente a un proceso de sucesión presidencial no solamente adelantado, sino descontrolado, con evidencias claras de que el PRI y los intereses de la camarilla mexiquense pueden estar en grave riesgo.
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/12/opinion/010o1pol
El candidato Meade
En su columna Estrictamente Personal, en Eje Central, Raymundo Rivapalacio escribe acerca de José Antonio Meade, lo siguiente: “La dirigencia del PRI está tanteando las aguas para la sucesión presidencial de 2018, y de manera sutil busca una modificación en sus estatutos que abra la puerta para que dentro de un año pueda ser candidato a la Presidencia quien no sea militante. Así, la dirigencia quiere colocar la primera piedra para que, eventualmente, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, pueda ser ungido candidato del PRI, sin haber sido nunca miembro del partido y pese a haber trabajado en dos administraciones panistas. (…) La dirigencia del PRI convocó al Consejo Político Nacional para que discutan, entre los temas de la agenda, las convocatorias para candidaturas para las gubernaturas en Coahuila, México y Nayarit, que estarán en juego el próximo año. Este Consejo es un apéndice del que se realizó de manera kosher hace dos domingos, para que el presidente Enrique Peña Nieto no escuchara discusiones que pudieran ser agrias, y tener una audiencia cautiva para que, junto con el líder del partido, Enrique Ochoa, transmitieran dos mensajes: no adelanten la sucesión presidencial, y la Asamblea Nacional será hasta otoño. Con esto, ni prematuros ni calenturas sucesorias, ni acotamientos a Peña Nieto, como decenas de priistas querían forzar al imponer el candado al candidato presidencial de haber logrado en un cargo por mayoría electoral. En la agenda del día está la propuesta de añadir un punto en los estatutos, que se refiere a la postulación de candidatos a cargos de elección popular, para abrir la puerta a “ciudadanos simpatizantes” que puedan ser aspirantes del PRI para diputaciones locales y ayuntamientos en 2016 y 2017. Aunque el contexto es estatal, el abrir esta puerta ahora, es allanar el camino para otoño próximo, en los prolegómenos de la candidatura presidencial. Lo que quiere plantear Ochoa –aunque no lo reconozca- es un traje a la medida para Meade, quien acudió como invitado especial a la primera parte del Consejo Político vestido con una camisa blanca con el escudo claro del PRI, para contrarrestar dudas y amainar las críticas de que tiene un corazón azul, y no tricolor como quisieran al candidato presidencial.(…) Los requisitos y los estatutos, como lo experimentó Peña Nieto cuando el entonces presidente del PRI, Humberto Moreira, manipuló la convocatoria para eliminar al senador Manlio Fabio Beltrones de la contienda y quedara sólo él para inscribirse, pueden ser manipulados por quien controla la burocracia. Lo que no es tan sencillo es imponer a un candidato que no es visto bien en amplios sectores del PRI, como es Meade. Peña Nieto sí podría hacerlo, si lo desea, pero se puede imaginar a qué costo: la fractura del partido y la derrota, casi por definición, en la elección presidencial”.
http://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-el-candidato-meade/
Peña pide apoyo
La legitimación del liderazgo de Ochoa Reza al frente del PRI es una preocupación para el Presidente de la República, pues en El Universal, el periodista Salvador García Soto, escribe que “en una comida privada la tarde del viernes pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto hizo dos ‘llamados apremiantes’ a los gobernadores del PRI. El primero: ‘A unirse y trabajar en equipo antes las duras adversidades que se avecinan sobre el país’; y el segundo: ‘Apoyar con trabajo y resultados para fortalecer el liderazgo de Enrique Ochoa’ […]. El llamado de Peña no sólo se refirió a las condiciones ‘difíciles” que enfrentará el país a partir del arribo al poder de Donald Trump en Estados Unidos y la volatilidad y turbulencia que afectan a la economía mexicana; también tuvo, a decir de dos mandatarios consultados, un componente político-partidista, en el que pidió a los mandatarios estatales de su partido […] trabajar unidos para las elecciones complicadas tanto locales en 2017 como las presidenciales de 2018. En particular, el Presidente se refirió al Presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, para quien pidió ‘un voto de respaldo y de confianza’ de los gobernadores para tratar de fortalecer su liderazgo ante el priísmo de todo el país. ‘Nos pidió apoyar a Ochoa con resultados positivos en la labor de gobierno y respaldar su liderazgo en el combate a la corrupción dentro del priísmo’, dijo uno de los mandatarios consultados. La comida en Palacio Nacional comenzó después de las tres de la tarde, hora en que fueron citados los gobernadores, y concluyó pasadas las seis cuando la mayoría de las camionetas Suburban, que trasladaban a los invitados, salieron por la calle de Correo Mayor. Las preguntas obligadas son: ¿qué tan complicado verá el panorama el Presidente para el país y para su partido y qué tan débil verá el liderazgo de Ochoa que tuvo que pedir el apoyo y respaldo de los gobernadores?”
Moreno Valle ¿Un santo?
Los actos de presunta precampaña por parte del Gobernador poblano han sido señalados desde hace tiempo, sin embargo ahora la institución encargada de castigarlos, parece haber sido participe de ello por accidente. En El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola, escribe que: “hasta antes de este 1 de diciembre, el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle era un aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) que lucía abandonado, arrinconado, incapaz de emocionar ni prender. Ese día le llegó un regalo inesperado al ex priísta […]: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó ese día, por unanimidad, prohibir al mandatario poblano destacar sus logros y cualidades personales durante entrevistas porque, según los integrantes de ese órgano interno, al hacerlo ponía en peligro la equidad en la contienda presidencial. Moreno Valle […] venía haciendo un uso cuestionable de los presupuestos de comunicación del gobierno estatal y aparecía en la portada de revistas que después de un número dedicado a él se diluían. Como estrategia propagandística no parecía ser muy efectiva […]. La intención de poner un alto a prácticas burdas para hacerse autopromoción con cargo al erario es aplaudible. Pero la forma de intentarlo de la Comisión del INE desató tres problemas: Primero, que tuvo el efecto contrario al buscado: le hicieron propaganda gratuita a Moreno Valle, quien hábilmente se trepó a la ola, se victimizó y goza de los reflectores que anhelaba hasta antes de ese dictamen […]. Segundo, que la orden de esa autoridad electoral terminó por castigar a los periodistas y medios de comunicación en general. Y tercero, que de pronto parece confundirse la defensa de la libertad de expresión con una especie de intento de elevar a los altares de la democracia a Moreno Valle […]. Su opacidad en el manejo de recursos, su dispendio en ensalzar su imagen, la manera en que opera electoralmente usando la estructura del gobierno, los cuestionamientos sobre abusos de la fuerza pública bajo su mando y una larga lista de etcéteras merecen marcar distancia. Porque una cosa es exigir que se respete el derecho que tiene un periodista de entrevistar a quien le parezca relevante y hacerle las preguntas que considere pertinentes, y otra es que eso se confunda con la defensa de un personaje que más bien merece dudas y cuestionamientos”.
Reprobados
En relación a la Reforma Educativa y los resultados de la Prueba PISA 2012 dados a conocer por la OCDE, la semana pasada, Isaac Katz, economista y profesor del ITAM, en el periódico El Economista escribe que: ”Todos iguales, todos jodidos. La OCDE dio a conocer los resultados de la prueba PISA aplicada en el 2015 y los estudiantes mexicanos de 15 años fueron los que peor resultado obtuvieron de entre todos los países que componen dicha organización. En las tres áreas evaluadas, los resultados promedio de los chamacos mexicanos (sobre un puntaje máximo de 800) fueron: lectura, 429, ciencias, 416, matemáticas, 408. Sólo 1% de los evaluados obtuvo una calificación de excelencia, mientras que más de 50% estuvo por debajo del nivel mínimo considerado como satisfactorio. El sistema educativo nacional, en su conjunto, es un absoluto desastre; no existe diferencia significativa entre las escuelas públicas y privadas ni tampoco diferencias estadísticamente significativas por nivel socio-económico. Una verdadera tragedia, con un enorme costo en el nivel de bienestar de los individuos y sus familias y en el desarrollo económico del país. Hay varios elementos que explican el desastre del sistema educativo nacional. Resalto algunos: Primero, el sistema de educación pública se diseñó para atender una enorme demanda sin poner atención en la calidad del servicio. No hay que olvidar que al finalizar la guerra civil en 1916 más de 80% de la población era analfabeta (…). Segundo, dentro del sistema educativo público, el SNTE fue parte del sistema corporativista del PRI (y después con el gobierno de Calderón). Prebendas económicas a cambio del apoyo político. Para los líderes de las diferentes secciones era más importante estar bien con el poder político que cuidar la calidad de la educación (…). Tercero, la opacidad en la labor magisterial y la ausencia de libertad de elección para los padres de familia. Los padres no conocen la calidad de la educación que reciben sus hijos y no tienen la libertad de elegir en el sistema público de educación (…). Cuarto, el sistema de enseñanza, la pedagogía, es obsoleta. Se sigue privilegiando el aprendizaje de memoria (y hasta en ello hay enormes deficiencias) en lugar de inculcar el razonamiento y la investigación (…). Quinto, la labor de los padres de familia. En la educación de sus hijos, los padres han descargado todo en la escuela, lo cual es un grave error. Los padres tienen que involucrarse directamente en atender el proceso de acumulación de capital humano de sus hijos, dedicando tiempo a ayudarles a hacer las tareas, induciéndolos a la lectura, etcétera. Los resultados de la reforma educativa, de ser bien instrumentada, se verán en el mediano plazo. Mientras, échenle una mano a sus hijos; su futuro depende de ello”.
http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2016/12/12/reprobados
Sucesor en la Secretaría de Cultura
En su columna Templo Mayor, en Reforma, en relación al nombre del posible relevo en la Secretaría de Cultura, escribe lo siguiente: “Una vez que concluya el réquiem de Rafael Tovar y de Teresa, vendrá el momento para que el presidente Enrique Peña Nieto defina al sucesor, seguramente tomando en cuenta que el mejor homenaje para Tovar y de Teresa será consolidar su última creación: la Secretaría de Cultura. Hasta ahora son dos lo que más suenan en el mundo cultural: María Cristina «Marakis» García Cepeda, la directora del INBA que fuera responsable de los asuntos culturales en el equipo de transición de Peña Nieto; y José Carreño Carlón, actual director del Fondo de Cultura Económica. Ambos, es sabido, tienen muy buena entrada en Los Pinos. Hay quienes afirman que la opción natural sería el escritor Jorge Volpi, pero se ve complicado que la UNAM acepte traspasarlo a sólo una semana de haberlo fichado como director de Difusión Cultural. HABRÁ que estar atentos a cualquier señal presidencial durante el homenaje de hoy”.
http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=103018
Tovar y el Estado cultural
Jesús Silva-Herzog Márquez, escribe en Reforma, a propósito del papel de Rafael Tovar y de Teresa al frente de la secretaría de Cultura, lo siguiente: “Una de las peculiaridades históricas del Estado mexicano ha sido su dimensión cultural. Ningún otro país de América Latina y no muchos en el mundo tendrán la infraestructura cultural mexicana. Museos, festivales, televisoras, editoriales, premios, becas. Una vastísima red institucional, una enorme burocracia. En la pintura y en la música, en la literatura y en el teatro el régimen postrevolucionario encontró un relato de cohesión, una vía de legitimidad; también, por supuesto, un instrumento de cooptación intelectual. El poder público no ha sido solamente un (muy mal) educador sino que ha sido también un mecenas, un promotor, un guardián de la cultura. Rafael Tovar y de Teresa representó lo mejor de esa compleja tradición. Un heredero digno de Vasconcelos y Torres Bodet. Digo que es una tradición compleja porque puede tener un espíritu republicano pero depende, a fin de cuentas, de un mecanismo autoritario. La expresión misma de Estado cultural parece una contradicción: la violencia hecha monopolio y la raigambre de la imaginación. (…) El Estado cultural mexicano, por una parte, ha velado por el patrimonio artístico del país, ha alentado la creación, ha sido un eficaz promotor; por la otra, se ha asumido como guía de la cultura, como un árbitro del gusto. Comisario del nacionalismo o animador de las vanguardias. Con patrocinios y premios, el Estado perfila, inevitablemente una cultura oficial. Es, seguramente, la tensión que heredamos del modelo francés. Marc Fumaroli lo ha analizado con brillantez en sus ensayos. Desde tiempos de la Revolución, el Estado francés se ha imaginado como el proveedor de los mensajes enaltecedores, del arte que merece protección frente a las modas del mercado. (…) Creo que el gran valor del trabajo de Rafael Tovar en las instituciones públicas de la cultura radica precisamente en su entendimiento de esa tensión. Sabía bien que la intervención del Estado en el mundo del arte no ha sido siempre benéfica, que muchas veces la política envenena lo que promueve, que la burocratización sofoca la creatividad. No ignoraba tampoco la tentación autoritaria de los mecenazgos. Entendía que el Estado debe defender el sentido público de la cultura, alentar la creación, cuidar nuestras herencias, difundir las señales que nos explican y nos cuestionan, abrirnos al mundo y dialogar con él. En todo caso, se dedicó a abrir el horizonte de la cultura y no a cerrarlo en la versión que resultara ideológicamente conveniente. No aspiró al pontificado de la cultura mexicana. Podría decirse que pertenecía a otra generación porque no fue simplemente un administrador de lo existente sino un fundador de instituciones. En realidad, fue otro personaje del tránsito democrático: contribuyó a perfilar una política cultural abierta a la diversidad. Por eso cosechó en su vida algo que no es frecuente en el mundo de la política: respeto. (…) Rafael Tovar, el aristócrata que rigió la política cultural de las últimas décadas, es recordatorio de que el Estado puede ser algo más que el dogmatismo de la tecnocracia y la vileza de las camarillas. Puede ser también estímulo y protección del arte: lo humanamente eterno”.
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/
Coqueteo México-China
En El Universal, su editorial Bajo Reserva, escriben respecto al nuevo acercamiento con China después de los anteriores desencuentros. Al respecto, se escribe lo siguiente: “Ante un escenario poco esperanzador, e incluso hostil en materia comercial, que se vislumbra con l llegada da la Casa Blanca de Donald Trump, los gobiernos de México y China no pierden el tiempo en caminar hacia una alianza. Nos confirman que llegará hoy a tierras mexicanas uno de los personajes más importantes de la diplomacia china, el consejero del Estado Yang Jiechi, quien se reunirá con la canciller Claudia Ruíz Massieu, para cerrar de una vez por todas capítulos de desencuentro como el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro o el Dragon Mart”.
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