En México, de mucho tiempo atrás, se ha normalizado que los actores políticos relevantes y servidores públicos de mando superior acumulen fortunas desproporcionadas e injustificables, que no van de acuerdo con las remuneraciones que legalmente les corresponden por el ejercicio de sus cargos.
Nadie que haya sido presidente de la república, secretario de estado, gobernador, senador, diputado, incluso presidente municipal, al terminar su carrera política o su encargo carece de un patrimonio holgado y recursos excedentes para mantener en su retiro un elevado estándar de vida. Se trata de los miles de casos de enriquecimiento “inexplicable” (para la mayoría muy explicable) que en México hemos no solo justificado, sino normalizado con frases ominosas como “el que no transa no avanza” o “la corrupción somos todos”.
El ejercicio de la política en México ofrece incentivos perversos como dinero fácil, incluso proveniente de sobornos, fuentes extrapolíticas y poderes fácticos, y es ya una de las actividades más lucrativas. Por ello, ahora sobran personalidades deseosas de ser candidatas y candidatos a puestos de elección popular: figuras de la industria del espectáculo, ídolos deportivos, reinas de belleza, entre otros personajes fantoches.
A la vez, abundan los oportunistas y aventureros que crean agrupaciones y partidos políticos, o deciden participar en ellos, con el único fin de obtener su cuota de enriquecimiento y poder. “Servir con honradez y honestidad para transformar” su municipio, su estado o su país, en muchos casos es solo una vil simulación para engañar al electorado.
No en vano la política nacional anticorrupción reconoce que el principal problema de México es la incapacidad que han mostrado las instituciones para prevenir, detectar y sancionar la corrupción.
Dentro del sistema anticorrupción se concibió y estableció que todos los servidores públicos deben presentar la declaración “3 de 3”, que incluye la declaración patrimonial, la de impuestos y la de potenciales conflictos de interés, lo cual debería ser un mecanismo clave de control de la corrupción que ayudaría a inhibir y detectar los negocios ilícitos y otras fuentes de enriquecimiento ilegal e inmoral de actores políticos y servidores públicos.
Pero este mecanismo de control de la corrupción no ha respondido a las altas expectativas que plantearon en su momento sus diseñadores, ya que al no ser obligatoria la publicidad de las declaraciones, y estar sujetas únicamente a una deficiente verificación por parte de la Secretaría de la Función Pública o las Contralorías de los Estados, ha servido solo para simular transparencia y rendición de cuentas. Esto sin lugar a dudas constituye una gran debilidad del sistema nacional anticorrupción.
De cara a los próximos comicios electorales, en Durango es bienvenida la iniciativa del IDAIP y el IEPC para que los candidatos y candidatas presenten sus declaraciones 3 de 3. Pero, mientras no se comprometan a que puedan ser difundidas las versiones públicas de estas declaraciones, el acto de presentarlas sin que las personas interesadas puedan revisarlas y escudriñarlas, será únicamente una simulación electorera de los actores políticos.
