La agenda de víctimas y la implementación de los mecanismos para la justicia transicional son los dos grandes pendientes que deja la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación (Segob), y que ahora serán los retos para Adán Augusto López Hernández, quien dejará la gubernatura de Tabasco para asumir al frente de esta dependencia, consideraron especialistas y defensores de derechos humanos.
En este sexenio, la Secretaría de Gobernación dejó de acaparar el control político del Estado y se ha configurado en una dependencia que ha buscado resarcir las deudas en derechos humanos y atención a víctimas. Además perdió ciertas funciones como la de estar a cargo de acuerdos y negociaciones políticas, que pasaron a Palacio Nacional para ser atendidos directamente por el Presidente, así como el tema de seguridad que ahora está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Defensores, especialistas y académicos en materia de derechos humanos consultados por SinEmbargo, así como organizaciones civiles que dan acompañamiento a víctimas, consideraron que los pendientes que deja Olga Sánchez Cordero en Segob son varios: la protección a defensores de derechos humanos y activistas; las deudas en materia de violencia de género, combate a la tortura y, principalmente, la agenda de víctimas cuya Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aún se encuentra acéfala.
La implementación de los mecanismos de justicia transicional —entre ellos, una Comisión de la Verdad, como mecanismo extraordinario de justicia, y un Modelo de Reparación del daño acorde a la realidad mexicana— no sólo representan otros de los pendientes que deja la Ministra en retiro en su paso por la Segob, sino que forman parte de una gran promesa incumplida, explicó Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos.
Juan Carlos Gutiérrez Contreras, especialista en Derecho Penal y director de Idheas, consideró a su vez que también hay pendientes en temas como las víctimas de la Guerra Sucia, las alertas de violencia de género, un mayor diálogo para impulsar una ley general en materia de protección para activistas y periodistas que involucren a las entidades federativas y, principalmente, la atención integral a víctimas.
Sin Embargo
