Ante los “mínimos” avances para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace siete años, las familias levantan la voz mediante su defensa para reclamarle al Presidente Andrés Manuel López Obrador que el Ejército desobedece su orden de aclarar la participación de sus elementos en los hechos y que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene “enquistados” a altos funcionarios del régimen de Enrique Peña Nieto que obstaculizan la verdad.
Pese al compromiso de López Obrador de no dejar impunes los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se niega a cooperar —“aquí está el talón de Aquiles de la investigación”— y el Fiscal Alejandro Gertz Manero tampoco avanza, porque está rodeado de personajes de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), acusa Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas.
Rosales asegura que los altos funcionarios de la anterior PGR filtran información procesal y hasta facilitaron la fuga de Tomás Zerón de Lucio, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR que construyó la hipótesis de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero del municipio de Cocula por el cártel de Guerreros Unidos.
«Estamos hablando por lo menos de cuatro personas. No voy a dar los nombres ahora, porque es un tema relacionado con la investigación, pero estamos hablando de una Subprocuraduría y de una persona muy cercana al Fiscal general, de un coordinador de asesores del fiscal, y alguien de SEIDO, del máximo nivel de SEIDO», dijo.
Sin Embargo
