La guerra por la Independencia de México –culminada en 1821, según la narrativa de la historia oficial– se trató en realidad de un proceso armado complejo que permeó en la sociedad de la Nueva España durante todo el siglo XIX, ya que fue la oportunidad para la expresión de conflictos regionales con profundas bases sociales.
En 1808 la invasión de las tropas napoleónicas a España desató una irremediable crisis política de la Corona española, tanto en la Península Ibérica como en sus dominios americanos. A mediados de ese año el rey Carlos IV había abdicado a favor de su hijo Fernando y él a su vez cedió el trono a José Bonaparte, hermano de Napoleón.
Las noticias de estos acontecimientos cruzaron el Atlántico lentas e inexactas, y produjeron entre la sociedad novohispana un gran desconcierto que dio pie a intensos debates sobre el destino político de la colonia.
Por un lado, el virrey y los miembros del cabildo de la ciudad de México desconocieron la legitimidad del nuevo monarca José I y juraron lealtad a Fernando VII. Opinaron que la soberanía debía retornar al pueblo por medio de juntas provinciales, mientras se establecía un Congreso general que representara a los ayuntamientos y estableciera un gobierno provisional.
Por otra parte, los ministros de la Real Audiencia, el arzobispo, los inquisidores y los grandes propietarios peninsulares consideraron esa propuesta como subversiva y en consecuencia ejecutaron un golpe de Estado, tomando presos al virrey José de Iturrigaray y a miembros del cabildo metropolitano, entre ellos Juan Francisco de Azcárate y Francisco Primo de Verdad (quien resultó muerto en la cárcel) y se impuso al viejo mariscal Pedro Garibay como virrey.
Según el historiador Juan Ortiz Escamilla, en su libro Guerra y gobierno, Los pueblos y la independencia de México, 1808-1825, el golpe de Estado provocó el descontento popular generalizado, por lo que el gobierno desplegó tropas por la Ciudad de México y nombró al comandante de San Luis Potosí, Félix María Calleja, “gobernador militar de la capital”, con la misión de restablecer la calma en la ciudad.
Antes, a finales del siglo XVIII, los cuerpos de milicias provinciales se reglamentaron como fuerzas de reserva del ejército regular, por lo que, frente a la amenaza de rebeliones populares en los territorios, fueron importantes para desempeñar tareas de seguridad interna, como explica el historiador Rodrigo Moreno Gutiérrez en su obra La Trigarancia. Las fuerzas armadas en la consumación de la Independencia de Nueva España, 1820-1821.
Estas fuerzas estuvieron integradas por criollos sin preparación militar y eran las encargadas de controlar los motines y la delincuencia, tanto urbana como rural; estaban subordinadas a los gobernadores y coordinadas por oficiales regulares.
Además de estas corporaciones, las fuerzas armadas novohispanas regulares contaban con las “compañías de milicias sueltas” de reciente formación, las cuales eran financiadas por las haciendas para su propia protección ya que eran los terratenientes quienes aportaban hombres, caballos, armas, uniformes y salarios, explica la investigación de Jaime Ortiz.
Con la llegada de la insurrección, tuvieron parte las compañías de “milicias sueltas”, así como las milicias provinciales de infantería y caballería, provincianas y urbanas, los ejércitos permanentes de infantería y de caballería, las compañías fijas de blancos y pardos libres de las costas y las compañías presidiales, con más de 30 mil elementos en total.
Sin embargo, las fuerzas efectivas del ejército realista se reducían a alrededor de 8 mil elementos al mando de Calleja, que aunado a la falta de armamento en las guarniciones y a la nula experiencia de los “supuestos militares”, resultaron ineficaces para la contención de los levantamientos armados que se desarrollaron en distintas regiones del país, explica Ortiz Escamilla.
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