La opacidad ha caracterizado el caso de corrupción que enfrenta Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, desde que arribó a México en julio de 2020 para ser juzgado por haber recibido 10.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto, quien habría ordenado que parte de esos recursos se destinaran a sobornar a panistas y priistas, un caso emblemático que sigue impune.
La forma en la que autoridades han manejado este caso, a puerta cerrada y sin respetar el principio de publicidad, viola la Constitución, genera incertidumbre sobre la actuación del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la República (FGR), y pone en duda si las autoridades buscan proteger ciertos intereses, coincidieron personas expertas en el sistema de justicia penal consultadas por SinEmbargo.
Es por ello que organizaciones, periodistas y especialistas han exigido incluso a través de amparos que las autoridades cumplan con un requisito básico del sistema penal mexicano: la publicidad de las audiencias.
El 28 julio de 2020, 11 días después de llegar extraditado desde España, Lozoya fue presentado ante el Juez de control José Artemio Zúñiga pero desde un hospital privado, en una audiencia a la que el público ni los medios tuvieron acceso, lo que marcó la pauta sobre cómo seguiría el caso.
Los especialistas coinciden en que esa primera decisión fomentó entre la ciudadanía un clima de incertidumbre que se mantiene hasta ahora —como quedó evidenciado con la polémica que generaron las fotos del exfuncionario en un restaurante de lujo de la capital del país el pasado fin de semana—, y pone en duda tanto el trabajo de la Fiscalía como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por la falta de transparencia en el caso.
Sin Embargo
