El nuevo modelo de justicia laboral aterriza esta semana en 13 estados adicionales para consolidar su segunda etapa de implementación. De esta manera, el 63% del territorio nacional contará con el mecanismo de solución de conflictos basado en la conciliación y tribunales laborales a cargo del Poder Judicial.
La reforma laboral de 2019 modificó el sistema de justicia para el mundo del trabajo con una apuesta importante en la conciliación como una vía para evitar la judicialización de conflictos y, en consecuencia, la saturación de casos en los tribunales, como ocurrió con las juntas de Conciliación y Arbitraje, una situación que desencadenó juicios largos y resoluciones a destiempo.
“Este reto gigantesco de cambiar no solamente las reglas y el modelo, sino la cultura laboral en nuestro país, tanto en la esfera de la justicia laboral como en el terreno de libertad y democracia sindical, en ese camino podemos tener hoy la satisfacción de contar con resultados tangibles en la implementación de la primera etapa”, destacó Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante la Reunión Nacional de Presidentes de Juntas Especiales.
El mecanismo de solución de conflictos que busca una justicia pronta y expedita contempló la creación de nuevas autoridades: el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), tribunales laborales federales a cargo del Poder Judicial y centros de conciliación y tribunales locales.
Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Colima, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo son las entidades federativas que abrirán las puertas del nuevo modelo de justicia laboral a partir del 3 de noviembre.
El reto de la implementación de la reforma laboral de 2019 recae, en gran medida, en los centros de conciliación, sostiene en entrevista Liliana San Martín, titular de la Secretaría del Trabajo (ST) de Querétaro, uno de los estados que se suman este año a la implementación del nuevo modelo de justicia.
El Economista
