«No por percibido, y ya esbozado desde antes de las conclusiones “preliminares” de ayer, deja de ser tan aplastante: en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa se conjugaron criminales acciones y omisiones de miembros de los tres niveles del gobierno mexicano (federal, estatal y municipales), marcadamente en el rubro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí: fue el Estado, como siempre se coreó.
Una confabulación de personajes de poder conoció en tiempo real lo que sucedía en Iguala casi ocho años atrás y evitó cumplir con sus obligaciones de prevenir, proteger e impedir lo que ayer el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, delineó por primera vez desde un podio obradorista como un asesinato masivo, según todas las evidencias disponibles.
Enrique Peña Nieto, el máximo responsable histórico de lo sucedido en aquel septiembre de 2014, quiso relegar los hechos a un archivero estatal, al ámbito guerrerense administrado por un personaje escurridizo, Ángel Aguirre Rivero. Hasta que la fuerza de los hechos se impuso y entonces maquinó con su primer círculo la gran mentira histórica que taimadamente fue construyendo el nefasto procurador de justicia de la época, Jesús Murillo Karam»: Julio Hernández López.
