La propuesta de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, para transformar esa institución autónoma en una defensoría del pueblo, resultó sorpresiva para los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, que ven a esa funcionaria como una “incondicional” del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, por ello, ha omitido su responsabilidad de fiscalizar las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación (4T).
Esa sorpresa inicial se convirtió en preocupación cuando los expertos en derechos humanos comenzaron a examinar en detalle la iniciativa presentada por Piedra Ibarra al Senado y a la Cámara de Diputados el pasado 30 de enero.
Tres días después, el pasado jueves 2, varios delegados de organismos internacionales y de ONG mexicanas se reunieron para comentar la propuesta. Uno de los puntos que más se comentó en esa cita fue el que busca dar a la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, como se llamaría en lo sucesivo la CNDH, atribuciones para conocer e investigar presuntas violaciones de derechos humanos “por actos u omisiones de autoridades administrativas o electorales de carácter federal”.
Y es que la ley que le dio autonomía de gestión y presupuestaria a la CNDH en 1992 establece en su artículo 7 que el organismo no podrá conocer lo relativo a “actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales”.
La nueva iniciativa deja esa parte tal cual, pero le agrega que no podrá conocer esos casos sólo “cuando se trate estrictamente de organización y calificación de procesos electorales”, con lo que abre la puerta para intervenir en todas las demás fases de los comicios, en especial en su desarrollo.
La directora interina para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, dice a Proceso que la CNDH no necesita ser sometida a una reforma para convertirse en uno de los actores más importantes en la defensa y promoción de los derechos humanos en México.
La institución, señala, “ha dejado mucho que desear en el cumplimiento de su misión y esto no se debe a una falta de atribuciones legales, sino a que quienes podrían ejercerlas no lo han hecho al máximo”.
Y apunta a Piedra Ibarra: “En vez de dedicarse a vigilar y fiscalizar las acciones del gobierno federal, la actual presidenta de la CNDH ha utilizado su papel para fines políticos, lo que le ha hecho mucho daño a la institución”.
Taraciuk, quien en 2008 condujo el estudio La CNDH de México: una evaluación crítica, agrega que ante la crisis de derechos humanos que vive el país es “urgente” que esa institución “realmente vele por las víctimas, y para ello es indispensable que sea liderada por alguien que demuestre voluntad inequívoca de ejercer plenamente sus funciones”.
Proceso
