Un ventarrón acaricia un frondoso cultivo de cannabis. Los chapulines saltan entre las hojas que Juan Cruz López inspecciona con sus manos huesudas; con una, captura a los insectos y con la otra, pellizca una que otra rama para multiplicar las flores.
Hace algunas semanas las raíces de la cannabis medicinal que cultivó se extendieron en el bokashi, un sustrato orgánico rico en nutrientes para el desarrollo de la planta. Los esquejes –seleccionados cuidadosamente de una planta madre– apenas están desarrollando grandes hojas con cinco puntas. Como el suelo es rico en nitrógeno, las plantas adquieren un color verde intenso, parecido al de las auroras boreales.
“Es medicinal, tiene poco THC (tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo)”, explica Juan frente a sus plantas, un grupo de esquejes de Cherry CBD, una variedad de mariguana híbrida con alto contenido de CBD (cannabidiol, una sustancia anticonvulsiva y desinflamatoria), pensados para crear un brebaje medicinal de exportación.
Así como ha aprendido nuevos métodos de cultivo, también lleva una bitácora donde guarda anotaciones sobre su evolución, garantizando así la trazabilidad de las plantas. Al igual que Cruz López, en los traspatios –lay lo patx ro yuu, en zapoteco– al menos 800 productores en la región del Valle Central han dispuesto camas de cultivo donde han sembrado clones de cannabis medicinal.
Fue en abril último cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) entregó los primeros 26 permisos para realizar los cultivos mediante la Asociación Indígena de Productores de Cannabis (AIDPC), constituida el 27 de enero de 2020. Desde entonces los campesinos exhiben una fotocopia del permiso en sus jardineras.
A sus 61 años Juan todavía recuerda a los soldados que maltrataban a las personas que se dedicaban a crecer la planta en los setenta, cuando se cultivaba entre los pliegues de la sierra a modo de guerrilla o en medio de la milpa –maíz, calabaza, frijol y chile–. Pero actualmente afirma que no tiene miedo de cultivar.
“Antes corríamos al cerro, porque temíamos a los militares; llegaron a violar a las mujeres. Entraban a las casas sin orden de cateo, detenían al que encontraban y se llevaban lo poco que uno tenía. Actualmente eso ya no sucede, ya no tememos a que los militares lleguen a las casas”, dice Juan como si sus recuerdos estuvieran anotados en una bitácora de agravios.
Roberto Carlos Cruz Gómez, de 28 años, presidente de la AIDPC, ha documentado hemerográfica y testimonialmente varios episodios de violencia en Güilá. Según sus cálculos, en la comunidad de 6 mil habitantes la mitad sufrió el asedio militar.
–¿Cómo ha sido el acoso del Ejército?
–Es necesario remontarse a 1920, cuando se producía mezcal y llegó la prohibición. Los militares desarmaban las fábricas, quebraban los alambiques. Por ese acoso la gente dejó de producir mezcal y comenzó a buscar alternativas. Los campesinos se dan cuenta de que la cannabis se vende a buen precio y comienzan a cultivarla entre la milpa. Había muchas personas que la recolectaban por kilos y así juntaban grandes cantidades.
Todo el Valle Central es zona productora de cannabis. Desde los setenta, ochenta y noventa los militares que venían a esta región no sólo venían por los productores, sino que hostigaban a los campesinos. Se gritaban de casa a casa ¡Allí vienen los soldados! La gente, por miedo, subía a los cerros no porque cultivaran, sino porque sabían que los militares golpeaban niños, adolescentes; violaban mujeres y se llevaban a los hombres o los inculpaban.
Hay historias de personas a quienes les dispararon, que aún tienen sus heridas. Los militares no sólo decomisaban, sino que vaciaban las casas, se llevaban los coches. Venían y se robaban las gallinas, los guajolotes, los animales de nuestras granjas. Todo ese hostigamiento estuvo presente hasta el año 2000.
–¿Se pueden resarcir los agravios?
–Que las comunidades originarias puedan tener el acceso a la producción de cannabis es una manera de remendar el daño que ya se le hizo a Oaxaca, que no se les permitió cultivar mezcal ni canabbis. No sólo vemos de esto una actividad económica rentable que pueda dar trabajo, también lo vemos como una manera de libertad para nuestro estilo de vida. Ahora que el mercado ha volteado a ver el tema, estamos peleando licencias de mil metros de producción para poder tener 2 mil 400 plantas por individuo. Los campesinos se proyectan ya con un cultivo.
–¿Es posible lograr la soberanía alimentaria?
–La nación teme darle la soberanía y la independencia a las comunidades para que puedan tener un cambio económico. No hay soberanía sin seguridad en el cultivo. Que nos garanticen que nadie nos va a extorsionar, que garanticen un mercado para nuestro producto y así nosotros garantizar que ese producto sea inocuo, orgánico y de alta calidad, que pueda ser viable para uso medicinal. Esta industria puede hacer que las comunidades originarias podamos tener una independencia financiera.
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