Catean nueve domicilios por red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez

En seguimiento a la investigación de la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) catearon nueve domicilios que forman parte de una carpeta de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito en pandilla; no hubo detenidos.

Según el vocero de la institución, Ulises Lara, seis de esos domicilios se ubican en la colonia Santa Cruz Atoyac, dos en la colonia Xoco y otro en la colonia Del Valle.

El único objetivo de los cateos, agregó, fue la búsqueda y localización de objetos, productos o instrumentos relacionados con la carpeta de investigación, tales como documentos, vehículos, numerario, libros, libretas, computadoras, dispositivos electrónicos, registros u otros objetos que pudieran servir para acreditar dicho ilícito.

El funcionario recordó que, desde hace meses, la FGJ capitalina realiza una amplia investigación relacionada con un grupo de personas morales o empresas que posiblemente incrementaron su patrimonio a partir de la adquisición de bienes a su nombre, de los que se conducían como dueñas, con personas físicas.

Aseguró que dicho incremento patrimonial “posiblemente no podría justificarse y se encuentra relacionado con investigaciones de actos cometidos por servidores públicos”.

Con base en ello, la representación social de la Coordinación General de Investigación Territorial solicitó audiencia ante un juez de control para obtener las órdenes de cateo para los nueve domicilios.

En días pasados, la Fiscalía que dirige Ernestina Godoy presentó la tercera y última parte de la declaración del empresario Dionisio “N”, relacionado con la construcción del proyecto inmobiliario City Tower, bajo la figura de “criterio de oportunidad”.

En ese video, el empresario acusó que en 2019, el actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, le pidió hacer trabajos de remodelación al edificio sede de la alcaldía, dañado por el sismo del 2017. Dijo que los trabajos ascendieron a 25 millones de pesos, pero que solo le pagaron 15 y mediante una empresa presuntamente relacionada con actos irregulares.

El funcionario panista negó tal acusación que calificó de “montaje con un guión chafa” porque ni siquiera coindicen las fechas y los montos de los trabajos que, en efecto, se hicieron, pero mediante licitaciones públicas.

Proceso