Integrantes del grupo de 31 científicos de gran prestigio nacional e internacional, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) inició una causa penal, Julia Tagüeña Parga y Gabriela Dutrénit Bielous señalaron que están dispuestas a que se les investigue, pero con transparencia, dentro del marco jurídico vigente, ya que no han incurrido en ningún ilícito y menos en delincuencia organizada, pero sus derechos han sido violentados, ya que ni siquiera conocen de qué se les acusa exactamente.
En entrevista con La Jornada, las investigadoras, doctoras en Ciencias y Economía, catedráticas de la UNAM y la UAM, respectivamente, rechazaron haber incurrido en hechos de corrupción durante su paso por el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico AC (FCCT), en el que se desempeñaron como coordinadoras. Además, dijeron que se han difundido datos erróneos y confiaron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador detenga la confrontación con la comunidad científica que se ha generado y que a nadie beneficia.
A su juicio, el tema de fondo es la decisión de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, de acabar con el foro para definir la política de ciencia y tecnología del país sin la participación de la comunidad científica, tecnológica y empresarial.
No somos parte de una élite intelectual, como se ha señalado a partir de la polémica desatada, comentó Tagüeña Parga, quien desde hace 50 años se dedica a la academia. Reconoce que es una privilegiada, porque pudo terminar una carrera en la UNAM y con una beca del Conacyt estudiar un doctorado en la Universidad de Oxford”, pero, agrega, ello lo ha retribuido al formar a nuevas generaciones en la máxima casa de estudios del país en las últimas décadas.
Igualmente, Dutrénit Bielous indicó que es un privilegio haber recibido educación de alto nivel y dedicar toda su vida a la ciencia y la formación de estudiantes para bien del país; por ello, están desconcertadas y dolidas por esa investigación penal que la FGR inició desde junio pasado, cuando todos fueron notificados en sus domicilios particulares que recibirían un citatorio.
Al final, lo que resultó, dijeron, fue una orden de aprehensión, solicitada ante un juez del penal de máxima seguridad del Altiplano por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, lo que nos parece desmesurado y hasta fantasioso, porque en el foro los únicos recursos que se manejaban eran públicos, de dónde le viene lo ilegal, resaltó Dutrénit Bielous, quien ha sido investigadora invitada de diversas universidades extranjeras de prestigio.
Aunque el juez de la causa rechazó ya en dos ocasiones girar la orden de aprehensión solicitada por la FGR, el titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada advirtió que insistirá y ello nos llena de temor y preocupación, sobre todo porque ni siquiera han querido entregarnos la carpeta de investigación para que podamos conocer con exactitud de qué se nos acusa y defendernos”, agregó Tagüeña Parga, quien coordinó el foro de 2019 a 2020.
La Jornada
