El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha logrado resolver el conflicto derivado del pago pendiente de 54 millones de dólares por parte del exlíder sindical Napoleón Gómez Urrutia a 226 mineros ya retirados, derivado de la compra de la Compañía Minera de Cananea que hizo de Grupo México en 1990.
Tampoco ha convencido al exdirigente de los trabajadores mineros para que forme parte de una “mesa de negociación”; Gómez Urrutia, quien actualmente ocupa una curul en el Senado, parece intocable desde 2018, cuando regresó de su exilio canadiense.
En entrevista con Proceso, Fermín Espinoza, miembro de la Comisión Negociadora, advierte:
“Ha habido cinco laudos. Nosotros sentimos que el Poder Judicial y otros poderes públicos que están por ahí, le dan la oportunidad a Gómez Urrutia de que no cumpla con su obligación. Hemos pedido que Napoleón se presente en una mesa de diálogo con nosotros y le hemos pedido al presidente desde hace varios años, no que nos dé la razón sino que, ante sus funcionarios federales, se establezca una mesa de diálogo para exponer los puntos de vista.”
En entrevista telefónica desde Cananea, donde radica, Espinoza agrega: “Nosotros estamos seguros que ese dinero es nuestro. Tenemos las pruebas documentales fuertes; obviamente eso va a armar un criterio a nuestro favor. Y si él demuestra que, efectivamente, el dinero es suyo, nosotros nos levantamos y le pedimos disculpas. Pero si nosotros le demostramos (lo contrario), que nos diga cómo va a empezar a pagar ese dinero”.
El 28 de enero último la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ordenó por quinta ocasión consecutiva el pago a los trabajadores, que corresponde a 5% de las acciones de la entonces Compañía Minera de Cananea.
“Se condena al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y al licenciado Napoleón Gómez Urrutia, ambos como responsables solidarios, para hacer efectivo a favor de cada uno de los actores (demandantes) el derecho a beneficiarse de la distribución proporcional de la cantidad de $54,084,470.90 dólares de los Estados Unidos de América, del extinto fideicomiso número 10964526 (antes 9645), entregados… el 3 de marzo de 2005”, indica la resolución de la Junta Especial Número 10.
Semanas después, el 17 de febrero, la propia compañía Grupo México exigió al senador el pago correspondiente en un comunicado:
“El debate ya ocurrió en los tribunales, que resolvieron que Napoleón Gómez Urrutia debe pagar a los trabajadores mineros los 55 millones de dólares, más intereses, que les debe. Ninguna campaña de boletines de prensa, mentiras, bloqueos de caminos, libelos y publicaciones a modo, como la que Gómez Urrutia lleva meses financiando, debe obstruir el cumplimiento de las resoluciones judiciales que le ordenan entregar ya esos recursos a sus legítimos destinatarios.”
Proceso
