En la Huasteca potosina, en donde llueve copiosamente entre junio y septiembre y en donde la electricidad generada por hidroeléctricas ofrece las mayores ventajas, el jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya, fraguó su participación en el sector eléctrico luego de que en esa administración, concretamente en 1992, se promovió el cambio a la Ley del Servicio Púbico de Energía Eléctrica, primer paso para permitir la participación del capital privado en un sector que hasta entonces estaba reservado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En San Luis Potosí, en donde a partir de 2006 se tendió y comenzó a operar uno de los primeros gasoductos para integrar ciclos combinados para hacer más eficiente y rentable la generación de energía eléctrica, una empresa de José Córdoba Montoya logró la autorización de varios permisos para la generación de electricidad a través de centrales cuyo principal combustible es el gas natural integrado por turbogeneradores de gas y de vapor.
Con las reformas salinistas en el sector eléctrico –mientras Córdoba Montoya como titular de la Oficina de la Presidencia asistía a todas las reuniones de los gabinetes especializados: Económico, de Política Exterior, Agropecuario, de Desarrollo Social y de Seguridad– se dio paso a esquemas con la participación de inversionistas privados que se fortalecieron después en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto.
“Yo era responsable de darle seguimiento a todos los acuerdos tomados en los diferentes gabinetes”, consta en la declaración que Córdoba Montoya rindió ante la Procuraduría General de la República (PGR) y que formó parte de la investigación por el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
En esa dicha declaración, reveló que Salinas de Gortari había considerado la necesidad de removerlo de la Oficina de la Presidencia porque ya no coordinaría a los “gabinetes especializados”, un trabajo que desarrolló durante cinco años. Dijo a los investigadores de la PGR que el entonces presidente le dijo que su trabajo perdía sustancia. Fue, entonces, cuando acordaron que, en abril de 1994, después del magnicidio de Colosio y en el marco de la entrada en vigor de la autonomía del Banco de México, sería nombrado responsable de la transferencia prevista de los fideicomisos vinculados con la vivienda, el campo y el ahorro de la energía eléctrica: Fovi, Fira y Fidec, respectivamente.
Eso no sucedió y finalmente Córdoba fue enviado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en medio de una gran crispación social.
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