Complejo aventurar una cifra que cuantifique los daños y el impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB); sin embargo, me preocupa más la afectación al patrimonio nacional y cómo vamos a responder a ello porque recae sobre la riqueza, bienes muebles e inmuebles y activos de empresas y ciudadanos en el largo plazo. Más que el PIB y el corto plazo, es en términos de riqueza y patrimonio el tema en el que hay que poner énfasis.
Entidades como Puebla, Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México (CdMx) fueron las que sufrieron serias afectaciones en este sentido (huracanes y sismos). Los impactos en el corto plazo se verán reflejados en el III Trimestre del 2017 y será un impacto negativo en tres vías: i) Horas trabajadas en el año, tanto por lo que se dejará de trabajar, como por las horas/hombre que se distraerán en acciones de reconstrucción, limpieza y rescate; ii) Pérdida social y económica asociada con el turismo; y iii) Pérdida social y económica asociada al comercio y los servicios. Estos dos últimos son los rubros del PIB que seguro tendrán un mayor impacto negativo en 2017. Obviamente, será la CdMx la más afectada pero, insisto, el impacto en el PIB no es el que nos debe preocupar.
Una catástrofe como la que acabamos de atestiguar si bien afecta el PIB del corto plazo, debe estar prevista en los presupuestos públicos y además el gobierno tiene cómo echar mano de manera inmediata. Dos instrumentos destacan: i) Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), que cuenta actualmente con alrededor de 15-16 mil millones de pesos (mdp) para usarse de manera inmediata; y ii) Bonos Catastróficos, que es un Fideicomiso a tres años, que el gobierno adquirió en el paquete presupuestal 2017, por un monto de 350 millones de dólares (mdd), y que, de acuerdo a su cláusula contingente, en caso de un sismo por arriba de 8 grados Richter, debe ser liberado de inmediato. Estos dos instrumentos deben ser bien utilizados y de inmediato por el gobierno. Que imiten la respuesta de la población si tienen un poquito de sensibilidad.
En lo que respecta al largo plazo y las afectaciones al patrimonio público y privado, paradójicamente, si se utiliza la capacidad institucional pública y privada y los recursos que se disponen de manera estratégica, pudiera representar el impulso que México necesita para destrabar la inversión pública a nivel nacional. Recordemos que se acusa al gobierno de Peña Nieto de indolente en este sentido. Ha sido brutalmente criticado por su inoperante Programa Nacional de Infraestructura 2012-2018 y fuertemente azotado por el descrédito nacional e internacional por los aberrantes casos de corrupción: Tren Rápido México-Querétaro; Nuevo Aeropuerto Internacional; Paso Exprés; Dragon Mart; Pemex, CFE, Ducto los Ramones; por citar solo algunos ejemplos. No olvidemos, tampoco, los casos de corrupción que vienen asociados a sus principales funcionarios. Un serio problema de credibilidad, sin duda.
Datos de INEGI al primer bimestre 2017, confirman que, en promedio, el valor de la producción generado por las empresas constructoras del sector público a nivel nacional que cayó (-14.7%) a tasa anual real. Esto significó la peor caída en 15 años, considerando sólo el periodo enero-febrero, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De paso, también explica el freno o desaceleración económica de los últimos tres años del sexenio peñanietista. Esta caída en el país se debe a los recortes presupuestarios del gobierno federal que se presentaron, principalmente, en obra pública.
No tengo duda de que las catástrofes originadas por huracanes y sismos, en particular, el sismo del 19 de septiembre, afectarán seriamente la dinámica económica de México; sin embargo, paradójicamente debe ser el impulso que el país necesita para destinar más recursos a obra pública de manera estratégica.
No hay pretexto para liberar y canalizar recursos del FONDEN y de los Bonos catastróficos en lo que resta de 2017, pero también, para hacer una reingeniería del presupuesto público 2018 con énfasis en los siguientes aspectos: aumentar los recursos para el FONDEN, destinar una cantidad extraordinaria al rescate de zonas afectadas de manera prioritaria y aumentar el presupuesto para obra pública estratégica en todo el país. También, reducir el dinero para campañas políticas.
Lo malo, estimados lectores, si el año electoral se entromete, estos recursos pueden caer en manos de propagandistas y candidatos. No dejemos que eso suceda.
@leon_alvarez
