La Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Alejandro Gertz Manero acumula en tres años casos de alto impacto con investigaciones estancadas y críticas que ponen en duda su autonomía por actuar sólo en ciertos casos, sin lograr resultados significativos.
Los temas congelados de la FGR no sólo tienen que ver con presunta corrupción de prominentes políticos, como los sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para aprobar la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, sino con organizaciones criminales, como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
La trama de corrupción de Odebrecht es uno de los casos por los que la dependencia ha recibido las críticas más recientes ya que está en búsqueda de un acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, que podría dejarlo en libertad después de pagar millones de pesos. Al exfuncionario se le investiga por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa por su relación con la constructora brasileña.
En México ningún político ha sido condenado por beneficiarse de contrataciones públicas relacionadas con Odebrecht, como sí ha pasado en otros países. Actualmente sólo Emilio Lozoya Austin y el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury están detenidos por el esquema de corrupción.
Un caso llama la atención: El excandidato presidencial Ricardo Anaya, contra quien la FGR debió pedir a un Juez una orden de aprehensión por no presentarse personalmente a su última audiencia, sigue libre.
También se desconoce el avance de las investigaciones iniciadas, a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), contra personajes como el exlíder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps, por una serie de depósitos millonarios sin justificación.
De igual forma, bajo la gestión de Santiago Nieto, la Unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció a Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Felipe Calderón, porque habría recibido y retirado millones de pesos de sus cuentas, así como a dos líderes de la organización priista Antorcha Campesina por operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero la FGR no ha informado de avances en ninguno de estos casos.
A esos procesos penales sin concretar se suman los de los exgobernadores de Nuevo León y Michoacán, Jaime Rodríguez Calderón y Silvano Aureoles. El primero fue detenido en marzo en la entidad que gobernaba y esta semana su caso fue devuelto al Poder Judicial estatal pese a que desde 2018 el actual Gobernador Samuel García lo denunció ante la Fiscalía de la República por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y peculado durante su campaña por la Presidencia.
Silvano Aureoles fue denunciado por el Gobierno michoacano actual por los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado y delincuencia organizada sin que hasta el momento la Fiscalía de Gertz Manero notifique avances.
Entre los temas pendientes de la FGR también están los relacionados con organizaciones del crimen organizado, pues aunque desde 2019 la UIF informó del congelamiento de cuentas bancarias presuntamente relacionadas con estos grupos criminales y ha presentado denuncias por actos de lavado de dinero, la falta de transparencia de la dependencia ha impedido conocer con certeza cuántos de estos procesos penales concluyeron.
Sin Embargo
