La Fiscalía General de la República (FGR) ha apuntalado los grandes casos de la presente administración en aspectos, detalles y pruebas que han demostrado no tener el sustento necesario para poder trascender a las investigaciones que lleva a cabo esta dependencia, lo cual ha contribuido, por una parte, a la impunidad, y en otra a que aún no se hayan podido esclarecer estas tramas de presunta corrupción.
Las diligencias, por ejemplo, del caso Odebrecht están fundamentadas en las declaraciones que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha aportado como testigo colaborador, una figura que ha sido cuestionada a la luz de las recientes imágenes que ha protagonizado el exfuncionario peñista en un restaurante de lujo de las Lomas y sobre todo porque por esta investigación —a diferencia de lo ocurrido en otros países— sólo ha llevado a una detención, pese a ser 70 los funcionarios señalados.
No obstante, está lejos de ser el único pendiente del organismo que encabeza Alejandro Gertz Manero. La efectividad de la Fiscalía también ha sido puesta en duda en el proceso que se sigue contra Rosario Robles Berlanga, extitular de la Sedesol y Sedatu, quien se encuentra en prisión preventiva no por su participación en la trama de la Estafa Maestra, sino por una licencia de conducir —que las autoridades de la Ciudad de México han confirmado que es falsa— que la FGR presentó ante un juez para pedir que la exfuncionaria fuera detenida por un riesgo latente de fuga debido a que tenía una dirección diferente a su domicilio en Coyoacán.
Robles ha ganado en los últimos días recursos legales contra su privación de la libertad.
Greaves Muñoz aseguró que a pesar de que Alejandro Gertz Manero es el primer Fiscal autónomo con dientes y capacidad para investigar independientemente de intereses políticos, con el manejo de casos públicos como el de Odebrecht y la Estafa Maestra se observa que la Fiscalía está dando “un trato diferenciado” y, al alegar la presencia de “filtraciones”, evidencia su “modus operandi de simulación” y aprovecha que la ciudadanía desconoce sobre los procesos penales.
Sin Embargo
