Más allá de Rosario Robles Berlanga, la red criminal que desvió miles de millones de pesos hacia empresas fantasma durante el sexenio de Enrique Peña Nieto permanece intocada. La Fiscalía General de la República (FGR) no ha llamado a declarar al expresidente de México ni a sus secretarios de Hacienda –especialmente Luis Videgaray Caso–, tampoco al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong o a los titulares de las dependencias que participaron en los desfalcos, incluyendo Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El caso de estos desvíos, públicamente conocidos como “Estafa Maestra”, representa un caso de escuela de la impunidad, pues quedó probado que miles de millones de pesos se esfumaron en redes de empresas fantasma y nadie, incluyendo el exmandatario, negó que estos delitos existieron. Además los protagonistas de la trama están identificados y varios de ellos reconocieron su participación en la red fraudulenta y se lanzaron acusaciones cruzadas. Sin embargo, el caso judicial parece pendido de un hilo…
Quien fue secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Peña Nieto, Robles Berlanga logró después de tres años en la cárcel que un tribunal echara abajo el proceso penal que la FGR seguía en su contra, y que el juicio regresara en el ámbito administrativo donde los delitos prescribieron.
La exfuncionaria pintó esta sentencia como una absolución, que –según ella– demostró su inocencia. La decisión judicial desató una intensa polémica en los círculos políticos donde la responsabilidad de Robles no está en duda.
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