«Para que las instituciones funcionen, no basta con tener leyes perfectas; es necesario que los hombres que las aplican estén dispuestos a ir hasta el final, sin mirar a quién».
—Giovanni Falcone (Juez italiano, arquitecto del histórico Maxiproceso contra la Mafia)
La incipiente administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra ante la encrucijada geopolítica más compleja de la historia reciente de México. El asedio desde Washington es evidente: desde la incursión ilegal de agentes de la CIA en el Chihuahua gobernado por la panista Maru Campos, hasta la desclasificación de los cargos por narcotráfico contra el exgobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Estados Unidos, operando bajo la renovada retórica imperial del «Escudo de las Américas» de Donald Trump, busca acorralar al Estado mexicano. Su objetivo no es la justicia, sino la subordinación política y económica de cara a la inminente revisión del T-MEC.
Ceder a las presiones de extradición exprés sin exigir pruebas irrefutables significaría claudicar en nuestra soberanía; pero proteger ciegamente a funcionarios señalados bajo el falso manto del nacionalismo sería un suicidio moral e institucional. Ante este callejón sin salida diseñado en Washington, la presidenta Sheinbaum tiene en sus manos una herramienta histórica para romper el impasse, neutralizar el Lawfare norteamericano y consolidarse como la estadista que exige nuestro tiempo: la instauración de un Maxiproceso judicial en México.
Un «Maxiproceso» —inspirado en los juicios que desarticularon a la mafia en la Italia de los años 80— implica una acción judicial sistémica, coordinada y de gran escala impulsada por el Estado para juzgar no a individuos aislados, sino a las redes completas de macrocriminalidad que vinculan al poder político, económico y criminal.
Sin embargo, para que este mecanismo sea legítimo y no una cacería de brujas partidista, debe ser transversal. El narcotráfico y la narcopolítica no nacieron ayer, ni son una invención de la Cuarta Transformación. Un verdadero Maxiproceso debe equilibrar la balanza y sentar en el banquillo a las figuras emblemáticas del PRI y del PAN que llevan décadas cogobernando con el crimen organizado y que hoy pretenden erigirse como jueces morales.
No hay forma de que el viejo régimen salga bien librado de una purga sistémica. Desde las estructuras de seguridad paralelas pactadas con agencias extranjeras en estados de la oposición (como el evidente caso de Chihuahua y sus oscuros acuerdos con la inteligencia estadounidense), hasta los pactos inconfesables que durante los sexenios pasados militarizaron el país mientras los cárteles consolidaban su poder económico. La justicia debe barrer la casa completa: funcionarios de la 4T que hayan traicionado el movimiento, y las élites del PRIAN que cimentaron este Estado paralelo.
Al mismo tiempo, este Maxiproceso es la plataforma perfecta para que México imponga su propia agenda frente a Estados Unidos y cambie la narrativa. Es hora de dejar de aceptar el papel del vecino culpable. La crisis del fentanilo y el empoderamiento financiero de los cárteles no se explican sin la insaciable demanda de estupefacientes de la sociedad estadounidense, ni sin el cinismo de su sistema financiero. Washington exige capturas en Sinaloa, pero guarda un silencio sepulcral sobre las corporaciones, armerías y bancos en Wall Street y Texas que lavan la mayor cantidad de activos ilícitos del mundo y nutren de arsenales de grado militar a nuestras calles. El narcotráfico es un negocio binacional, y la exigencia de México debe ser de corresponsabilidad y reciprocidad punitiva.
La implementación de un Maxiproceso le otorgaría a Claudia Sheinbaum la máxima autoridad moral y política. Demostraría al mundo que el Estado mexicano tiene la madurez, la fuerza y la independencia para autodepurarse sin la tutela de las cortes de Nueva York ni los chantajes de la Casa Blanca.
La soberanía del siglo XXI no se defiende únicamente con discursos, se defiende ejerciendo el monopolio de la justicia. Al procesar a los responsables de todos los colores políticos en nuestros propios tribunales, Sheinbaum no solo desactivaría la bomba geopolítica plantada por Estados Unidos, sino que sentaría las bases de un nuevo Estado de derecho. Esa es la salida de la trampa; esa es la estatura de la estadista que México espera.
Leonardo Álvarez / leonardo.alvarez@gdinnovaciones.com
