En 20 años, firmas de España controlaron sectores estratégicos

Antes de la llegada al poder del panista Vicente Fox, la inversión española en México era casi testimonial. España estaba preocupada por superar la crisis económica de finales del siglo XX, la cual tenía al país europeo sumido en una profunda depresión laboral y financiera, Sus grandes empresas estaban enfocadas al mercado europeo y en América Latina primero les interesaba Brasil, que concentraba alrededor de 48 por ciento de la inversión ibérica en la región; Argentina, con 24 por ciento y Chile, con 11 por ciento.

México, a pesar de ser uno de los mercados más grandes y atractivos, no figuraba en su radar y sólo representaba 8 por ciento de la inversión española directa en América Latina.

Con la llegada a la presidencia de Fox, pero sobre todo de su sucesor, también panista, Felipe Calderón, se abrieron de par en par las puertas del mercado mexicano, el público y el privado, a las empresas españolas. Fue un periodo histórico que coincidió con la gran expansión de las multinacionales ibéricas.

Una vez desalojado el PRI del poder, en el año 2000, se intensificó la apertura comercial, pero sobre la misma base que tejieron los gobiernos neoliberales de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

La acumulación y firma de acuerdos de libre comercio con diversas regiones y países convirtieron a México en uno de los países más abiertos en asuntos comerciales, como fue el caso del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, que entró en vigor precisamente en el año en el que el PRI fue expulsado de la Presidencia. Ese pacto supuso también el inicio de la gran expansión de las empresas y las inversiones españolas en México, que hoy son las segundas en importancia, sólo detrás de Estados Unidos.

En 20 años, las grandes corporaciones españolas han pasado a controlar algunos de los sectores estratégicos de la economía mexicana: el bancario, con el primero y el tercer banco en volumen de activos del país: el Banco Bilbao Vizcaya Argentina (BBVA), que en su día absorbió a Bancomer, y Santander, que hoy es uno de los principales operados del mercado financiero y es el prestamista líder en el sector del automóvil. En el energético, con prácticamente todas las multinacionales españolas con inversiones y negocios en el país, entre ellas Iberdrola, Endesa, Repsol, Acciona y Naturgy. Y en la infraestructura, léase carreteras, puertos o grandes proyectos públicos, también se han posicionado algunas empresas españolas entre las más poderosas del país, como la constructora OHL (salpicada de numerosos acusaciones de corrupción), y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), entre otras.

Además, está el sector turístico, donde se han convertido en líderes de algunos destinos de éxito, como la Rivera Maya, los Cabos y Huatulco. Algo parecido ha ocurrido en otros sectores menos relevantes y en menor grado de penetración, como el de la industria editorial, los medios de comunicación y los servicios.

En menos de dos décadas, el empresariado español, que viajaba a México con sus propios directivos y técnicos –como sigue ocurriendo hasta la fecha, al menos al más alto nivel– ha pasado a controlar sectores estratégicos y sensibles de la economía mexicana. Y todo eso ha sido gracias en buena parte a la connivencia del poder político, de los gobiernos de turno que les han abierto las puertas de par en par y les han concedido un trato de privilegio que ni siquiera recibían los empresarios mexicanos.

En 2002, a tan sólo dos años de haber entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, Fox hizo una visita de Estado a España, en lo que fue visto, en retrospectiva, el inicio de la gran penetración del empresariado ibérico en México. En aquella gira, Fox anunció proyectos de inversión española en el país por 293 millones de dólares en los sectores de medio ambiente, agroindustria y fabricación de piezas para automóviles.

El entonces presidente mexicano recordó, además, que se había creado un fondo de financiación con capital-riesgo por 20 millones de dólares (21.6 millones de euros) para las pequeñas y medianas empresas del sector turístico.

La Jornada