El pasado 14 de octubre, unos días después de que José Ramón Gómez Leal fue designado dirigente de Morena en Tamaulipas, Luis Rivera, uno de sus operadores, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante un Ministerio Público federal.
Los delitos que la UIF pretende se le imputen son: “Contrabando documentado, defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, todos relacionados con el llamado “huachicol fiscal” en las aduanas, consistente en usar un mismo permiso para internar varios vehículos y reportar la importación de lubricantes en pipas y ferrotanques cuando en realidad se ingresa gasolina, evitando con eso el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La operación era facilitada por personal aduanero.
El caso de Rivera, a quien se atribuye la recaudación de sobornos, es apenas el primer avance de una indagatoria que involucra a morenistas de Tamaulipas, a la Administración General de Aduanas (AGA) antes de su ocupación por personal de la Armada, así como a funcionarios relacionados con los programas sociales y que intersectan con las indagatorias al gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Hasta el pasado septiembre Gómez Leal se desempeñaba como coordinador estatal de Programas de Desarrollo, es decir, “como “superdelegado”, la figura destinada a concentrar en una misma persona todas las funciones del gobierno.
Fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien en diciembre de 2019 desestimó el hecho de que José Ramón –quien es apodado con sus iniciales, El JR, y así se hace llamar en sus redes sociales– fuera cuñado del gobernador García Cabeza de Vaca. El mandatario admitió, en la mañanera del 4 de diciembre de aquel año, que, en efecto, son familiares, pero “para decirlo con claridad: están peleados”.
Gómez Leal ya hizo público su interés de ser postulado por Morena como candidato a gobernador el próximo año. El primer paso es haberse convertido en el nuevo dirigente del partido en Tamaulipas, merced a la operación de Gabriel García Hernández, el senador y excoordinador general de Programas de Desarrollo, y su subordinado, Alejandro Peña, con aval del dirigente Mario Delgado.
La designación motivó la inconformidad de algunos miembros del Comité Nacional, entre éstos la de la secretaria de Organización del partido, Xóchitl Zagal.
Proceso
