Luego de que la Confederación Patronal de la República Mexicana rechazara el acuerdo promovido por el presidente EPN, hicieron una contrapropuesta.
Reconocieron que «México sí necesita un Acuerdo y Coparmex está en favor de generarlo», pero, «un acuerdo real, que sea fruto de la participación ciudadana».
«México exige un compromiso sí, pero no que tenga objetivos políticos o mediáticos solamente, sino uno que realmente toque la realidad de nuestro País», se lee en la propuesta realizada por Coparmex.
Por lo anterior, establecieron lo que llamaron «grandes líneas de acción» para que se pueda debatir el rumbo que deberá tomar un verdadero Acuerdo Nacional.
Economía Familiar y creación de empleo digno.
- Eliminar por lo menos a la mitad los 37 programas sociales duplicados que ha identificado CONEVAL. Se estima que en 2017 se gastarán más de 200 mil millones de pesos en estos programas, incluyendo algunos que tienen un alto riesgo de ser clientelares como los comedores comunitarios y los llamados “servicios a grupos con necesidades especiales”.
- Establecer un mapa de ruta puntual con acciones detalladas para lograr tener un padrón único de beneficiarios de programas sociales a nivel federal y estatal en 2018. El padrón debe incluir todos los programas sociales para evitar que el clientelismo electoral duplique el número de beneficiarios.
- Establecer un calendario de implementación para armonizar las legislaciones estatales en materia regulatoria y la ventanilla única a más tardar en 2018.
- Aprobar de inmediato la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales a fin de fortalecer la economía familiar.
- Generar un nuevo esquema de bonos de productividad que no tenga cargas fiscales y de seguridad social y vaya de forma inmediata al salario de los trabajadores.
- Crear de la mano con COFECE un plan para asegurar condiciones de competencia en gasolinas, a fin de que los precios sean lo más competitivos posibles.
- Actualizar en 2017 las métricas de pobreza de CONEVAL, con datos comparables a 2014, y fijando metas anuales para erradicar la pobreza extrema.
Finanzas públicas y estabilidad macroeconómica.
- El establecimiento de un Consejo Fiscal Independiente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo ha propuesto el Fondo Monetario Internacional, a fin de evitar que la deuda continúe aumentado a tasas de 14% anual.
- Implementar verdaderos recortes de presupuesto público. El gasto del gobierno federal creció 5.9% en términos reales de enero a noviembre del año pasado, lo que muestra que los supuestos recortes al gasto que se hicieron en 2016 simplemente no fueron implementados.
- Evitar más aumentos de precio en la gasolina en meses subsecuentes, dado que existen recursos excedentes de IEPS y de la venta de petróleo. En 2016, el IEPS por gasolinas recaudó 29.3% más de lo esperado, esto es 67 mil millones adicionales a lo presupuestado, que pudieran ser utilizados en reducir los precios de la gasolina.
- Establecer métricas concretas de compromisos de reducción anuales del dispendio de recursos públicos, reduciendo el gasto en publicidad gubernamental y comunicación social, financiamiento a los partidos políticos y prestaciones laborales extraordinarias de los funcionarios públicos. En 2015 el gasto presupuestado en comunicación social y publicidad se triplicó, pasando de 2.7 a 7.6 miles de millones de pesos.
- Establecer una partida presupuestal específica de inversión pública para crear refinación doméstica y ductos que reduzcan el costo de la transportación de gasolina. Al momento, importamos el 60% de las gasolinas.
- Darle contenido real y un calendario de implementación a la propuesta sobre dignificación del transporte público.
Estado de derecho y combate real a la corrupción.
- Reducir la tasa de incremento de homicidios dolosos. Los homicidios se incrementaron en 21.5% el año pasado, se deben fijar metas concretas de reducción de este delito.
- Establecer metas para reducir anualmente el robo de las gasolinas que, según algunas fuentes, se ha cuadruplicado en años recientes.
- Establecer sanciones fiscales para los estados que no cumplan con la implementación de sus sistemas locales anti-corrupción, y para aquellos que no homologuen su ley de la cuenta pública o que no mejoren en el índice de transparencia presupuestal.
- Fijar un calendario para atender y solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal, estatal y municipal. La Secretaría de Hacienda sigue repartiendo recursos a programas que tienen observaciones. Esto se debe detener y darle, en su lugar, a los programas que sí funcionan según evaluaciones de CONEVAL.
- Esclarecer el caso de los 9 mil millones de pesos “perdidos”, que se invirtieron en la creación de una refinería en Atitalaquia, Hidalgo.
