«Este es el hígado, esta su pancita y en el medio se ve el corazón”, dijo el médico que realizó un ultrasonido a una adolescente de 15 años, exponiendo el embarazo de 38 semanas de la menor de edad ante cinco mil personas en la capital de México. Lo hizo durante el cierre de la Marcha por la Mujer y la Vida Humana, convocada el pasado primero de octubre por la Conferencia del Episcopado Mexicano en respuesta a las históricas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de México que despenaliza el aborto en este país en todas sus formas.
A pesar de las críticas en medios y la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la exposición de la adolescente, los organizadores del acto público señalaron que les parecía más grave lo fallado por la Suprema Corte de Justicia. Un sacerdote de Coahuila propuso, incluso, matar a las mujeres que interrumpen su embarazo, “porque una mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca: moral, físicamente y psicológicamente”, insistió.
El fallo de la Corte Suprema de México determina que es inconstitucional la penalización del aborto voluntario, pero se refiere únicamente a lo que establece el Código Penal del Estado de Coahuila. Sin embargo, sí establece un precedente para el resto del país. La Corte además pidió que se establezcan lineamientos para la objeción de conciencia, pues esta no puede poner en riesgo el derecho a la salud de las mujeres.
El camino legal y legislativo para que este fallo se haga válido en todo el país aún es largo y complejo, explican los abogados expertos en derechos humanos.
Con la resolución de la Corte, ningún juez federal o local puede procesar a una mujer que haya interrumpido voluntariamente su embarazo; aunque los congresos de cada Estado y el federal no tienen la obligación de cambiar los códigos penales o las constituciones. Sin embargo, las autoridades locales ahora pueden legislar sobre el tema amparados en los criterios legales avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la Cámara de Diputados, el 55 por ciento de los legisladores pertenecen al partido oficialista Morena y a sus aliados, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México. Y los principales opositores al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son la alianza conformada por Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y la Revolución Democrática (PRD). Estos tres últimos tienen el 40 por ciento de diputados y diputadas. Sólo el 5 por ciento restante pertenece a Movimiento Ciudadano, organización que impulsa una agenda más amplia en torno a derechos para las mujeres.
Mientras que en el Senado de la República, hay 76 senadores afines al Gobierno, 40 de la alianza opositora, 8 de Movimiento Ciudadano y 4 independientes.
En México, Morena, el partido del presidente, se define como de izquierda, pero en su bancada hay legisladores conservadores. Mientras que con el PAN “hay tensión entre los varios grupos que existen, no es un partido tan homogéneo, es un partido que tiene varias corrientes desde la socialdemócrata hasta más radicales; hay personas que tienen una visión más empresarial, otras desde el catolicismo social”, explica el historiador Yves Solís Nicot.
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