Los periodistas Ezequiel Flores Contreras y Yanely Fuentes Morales tienen en común ser desplazados del estado de Guerrero después de recibir amenazas de grupos armados como represalia por su trabajo periodístico.
Los dos también forman parte de la estadística de más de 90% de casos impunes en México, pues aunque interpusieron sendas denuncias contra sus agresores en la Fiscalía General de la República (FGR), sus carpetas de investigación fueron cerradas tras declararse el no ejercicio de la acción penal.
Ambas fueron determinaciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), autoridad adscrita a la FGR en la que se iniciaron las carpetas.
De acuerdo con periodistas víctimas y organizaciones que defienden la libertad de expresión, la fiscalía implementa esta y otras resoluciones de manera recurrente con el propósito de cerrar casos de violaciones contra la prensa, aunque existan elementos para continuar con las investigaciones.
Después de una petición de acceso a la información en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la FEADLE entregó las estadísticas sobre el número de carpetas cerradas, determinación (resolución) que acordó y delito denunciado en cada caso. Son investigaciones concluidas de 2016 y hasta mediados de 2022.
En el análisis efectuado se encontró que el no ejercicio de la acción penal y la incompetencia externa son las dos figuras más empleadas por la fiscalía para cerrar?carpetas.
De un total de 352 expedientes concluidos, en 162 se determinó el no ejercicio de la acción penal. Es decir, la FEADLE resolvió que no podía continuar con las investigaciones por alguna de las nueve causales de sobreseimiento previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Algunas de las causales que, bajo su criterio, acuerda la FEADLE, son: el hecho no se cometió o no es delito, la inocencia del imputado es clara o está exento de responsabilidad penal, no se cuenta con los elementos suficientes para una acusación o la extinción de la acción penal (se agotó el tiempo).
Por otro lado, 148 carpetas se cerraron por incompetencia externa. Quiere decir que la fiscalía concluyó que los presuntos delitos debían ser investigados por el Ministerio Público local.
Ambas determinaciones suman 88% de las carpetas cerradas. Otros expedientes se concluyeron por acuerdo reparatorio (25 casos), abstención de investigar (10) e incompetencia interna (siete).
“La actuación de la FEADLE se engloba dentro del problema estructural y sistémico de la impunidad en México”, sentencia Luis Eduardo Knapp, coordinador de defensa de la oficina en México de Artículo 19, la organización internacional de en pro la libertad de expresión.
Especifica que “en ciertos casos, con expediente en mano, observamos tendencias preocupantes en las que hay mala actuación de la fiscalía especial. Advertimos que las investigaciones no debieron concluirse, que pudieron hacerse más esfuerzos para conseguir que los delitos no quedaran impunes”. A la FEADLE, agrega, le resulta más fácil decretar el cierre de las carpetas.
Organizaciones internacionales en defensa de la libertad de expresión consideran a México un país que, sin tener un conflicto bélico declarado, es el más peligroso para ejercer el periodismo: al menos 17 periodistas han sido asesinados en el país en 2022 y un total de 157 del año 2000 a la fecha, de acuerdo con un recuento realizado por Artículo 19.
Esa organización reportó que en el primer semestre de este año se atacó a un informador cada 14 horas en promedio. El caso más reciente –y uno de los más mediáticos– fue el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva la noche del pasado jueves 15: dos personas en una motocicleta le dispararon mientras conducía su camioneta, cuyo blindaje le salvó la vida.
Proceso
