La política en Nuevo León vivió ayer horas y horas de confusión e incertidumbre legal.
El primer hecho fue el anuncio de un juzgado de Ciudad de México que revocó la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León y ordenó que Javier Navarro, secretario de Gobierno, fungiera como encargado de despacho hasta que el Congreso local designara al sustituto.
El juez tercero de distrito en materia de trabajo de la capital del país concedió una suspensión definitiva a Navarro y recordó que el gobernador interino debió ser elegido “por unanimidad, no por mayoría”, como ocurrió en el caso de Orozco.
También precisó que el Congreso de Nuevo León debía respetar la plataforma política de Movimiento Ciudadano, con la cual Samuel García llegó al gobierno estatal, y elegir a un sustituto de esa corriente, como lo ordenaba la sentencia del Tribunal Electoral.
Por separado, el Tribunal Superior de Justicia del estado resolvió una suspensión provisional para que Samuel García no pudiera ejercer su licencia hasta que se definiera y tomara posesión el interino.
Personal del Poder Legislativo pegó en una de las puertas del Palacio de Gobierno una notificación suscrita por el magistrado Alberto Ortega Peza en respuesta a un acto reclamado por Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León.
En respuesta, Samuel García señaló: “el Tribunal no tiene competencia para detener mi licencia… mi licencia es un derecho, no está sujeta a interpretación de un juez”.
Milenio
