El Centro Militar de Inteligencia, instancia castrense que responde al general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha utilizado el spyware Pegasus en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador; por lo menos en una ocasión, lo hizo para obstaculizar una investigación sobre la ejecución extrajudicial de tres civiles por parte de soldados en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Un oficio secreto, elaborado por el Centro Militar de Inteligencia (CMI) el 2 de septiembre de 2020 y dirigido a “la atención de la Superioridad” –es decir, a Sandoval–, expone elementos que los militares encontraron en el teléfono de Raymundo Ramos Vázquez, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, durante el mes de agosto de ese año.
Los momentos de la intervención del teléfono de Ramos por parte del CMI coinciden con las fechas de ataques con Pegasus, que el Citizen Lab encontró en el dispositivo del activista: el grupo de expertos, basado en la Universidad de Toronto, comprobó en un análisis forense que el celular de Ramos fue intervenido con Pegasus los 18, 19 y 28 de agosto, así como el 2 y el 3 de septiembre de 2020.
Este informe secreto, que forma parte de los millones de archivos internos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya y que fue consultado por Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTIC, Animal Político y Aristegui Noticias, exhibe una vez más las mentiras de la Sedena respecto al espionaje ilegal: la institución castrense siempre ha negado intervenir las comunicaciones privadas de ciudadanos, y ha sostenido que no ha contratado Pegasus desde el año 2013.
Este informe también contrasta con las declaraciones del presidente López Obrador, quien ha respaldado las mentiras de la Sedena. El mandatario ha afirmado, en varias ocasiones, que su gobierno no ha comprado Pegasus a la empresa israelí NSO Group y por ende no lo ha usado para espiar de manera ilegal a ciudadanos, como lo hicieron sus antecesores Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La Sedena y la Presidencia de la República no respondieron a los cuestionarios que les enviaron los medios participantes en esta investigación.
El oficio secreto del CMI fue revisado y aprobado por el general Homero Mendoza Ruiz, quien en ese momento era titular del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN); por Conrado Bruno Pérez Esparza, titular de la Subjefatura de Inteligencia del EMDN, y por Gerardo Becerra López, el entonces director del CMI, ahora agregado militar en la embajada de México en Panamá.
A las 8:00 de la noche del 2 de septiembre, es decir, menos de dos horas después de la elaboración del documento, los generales Mendoza y Pérez se reunieron con Luis Cresencio Sandoval en su oficina del Campo Militar número 1, junto con otros militares de alto rango, incluyendo el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Comandante de la Policía Ministerial Militar, institución a cargo de la investigación sobre la ejecución extrajudicial.
“Tema: Nuevo Laredo, Tamps.”, señala la agenda personal de Sandoval de ese día, consultada en los archivos internos de la Sedena.
En el oficio secreto, el CMI recomendó a Sandoval que entregara el informe a la Policía Ministerial Militar, pero sin agregarlo a la carpeta de investigación del caso de Nuevo Laredo. Es decir, que lo hiciera de manera extralegal, en una flagrante interferencia en el trabajo de los fiscales.
Proceso
