El resultado de la investigación sobre el colapso en la Línea 12 del Metro que presentó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el jueves 14 confirma que la administración de Claudia Sheinbaum saldrá ilesa por la muerte de 26 personas y las lesiones a más de 100, así como por el daño estructural a ese sistema de transporte y la interrupción del servicio que afecta a más de 400 mil pasajeros desde hace cinco meses y medio.
El señalamiento de la fiscal Ernestina Godoy Ramos de que la causa principal son “fundamentalmente errores en la construcción” –descartando una posible falta de mantenimiento reciente– ratifica la versión que se empezó a construir con el informe preliminar de la empresa DNV México a mediados de junio, en el sentido de que los principales responsables de tragedia son la empresa Carso, de Carlos Slim, y la administración de Marcelo Ebrard, contrincante de la jefa de Gobierno por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en 2024.
Pero aun cuando el peritaje oficial emitido por Godoy Ramos favorezca a Sheinbaum, víctimas de esta tragedia desmienten a la jefa de Gobierno –quien insiste en que su prioridad “son los olvidados”–, pues aseguran que no han recibido “ni para una pastilla” por las lesiones y los daños psicológicos que padecen desde aquella noche de terror.
Y el abogado que las representa, Teófilo Benítez, insiste: la investigación estuvo mal hecha desde el principio; la fiscalía les ha negado el derecho a la carpeta de investigación y a pedir diligencias; tampoco se han llevado a cabo los dictámenes periciales para calcular los montos de la reparación del daño. Eso contradice a la propia fiscalía, que sugiere que ésta se haga mediante procesos de justicia alternativa.
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