A casi cinco años de su arranque en septiembre de 2017, la actividad de la segunda Misión de Verificación de la ONU en Colombia permanece alejada de las discusiones públicas.
Pese a la relevancia de su función en el seguimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz y no obstante la intensificación de los debates políticos que acompañan la encrucijada de las elecciones presidenciales de 2022, nada se escucha en los medios nacionales colombianos acerca de la evaluación de la acción de la ONU durante la compleja y fundamental etapa del “posconflicto” en este país.
El silencio que permea la actividad de la organización es respaldado por la estrategia de comunicación adoptada por el jefe de la misión, el diplomático mexicano Carlos Ruiz Massieu Aguirre. Desde su puesta en el cargo en diciembre de 2018, Ruiz Massieu ha elegido mantener modalidades comunicativas escuetas y complacientes a las posiciones gubernativas.
En efecto, a pesar de las duraderas tensiones entre Iván Duque y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos –cuyos informes denuncian periódicamente las fallas en la implementación de los acuerdos y las violencias sistémicas en contra de los líderes sociales–, la relación de colaboración entre el gobierno colombiano y los altos dirigentes de la Misión de Verificación de la misma ONU ha asumido la apariencia de una alianza política.
Ahora bien, la cercanía entre Iván Duque y los altos mandos de la misión había sido evidenciada hace más de un año en una investigación de la periodista Claudia Julieta Duque, donde fuentes internas a la ONU señalaban la proximidad a la esfera política del uribismo de Carlos Ruiz Massieu.
Nombrado en diciembre 2018 como nuevo jefe de la misión de la ONU, pocos meses después de la elección de Iván Duque como presidente de Colombia, Carlos Ruiz Massieu reemplazó en su cargo al diplomático francés Jean Arnault. Como lo evidencia un detallado estudio del Centro de Pensamiento y Diálogo Político (Cedipo) –organismo dedicado al estudio e investigación de asuntos socioeconómicos y políticos– acerca de la implementación de los acuerdos, con el cambio de liderazgo la misión “ha matizado el tono de los pronunciamientos y se ha hecho más diplomática a la hora de emitir críticas frente al gobierno colombiano”.
Frente a la actitud más crítica y problematizadora de Jean Arnault, Carlos Ruiz Massieu suele proponer, en sus declaraciones públicas a nombre de la organización, su apoyo al supuesto compromiso de Duque para la implementación de la paz.
En mayo de 2021 Ruiz Massieu declaró que “los logros hasta ahora alcanzados en la implementación de la paz han contribuido a reducir los indicadores de violencia a nivel general”. Esta afirmación se hizo en el contexto del asombroso crecimiento de los índices de asesinato de líderes sociales (de 91 homicidios en 2017 se llegó a 177 asesinatos en 2020, según los datos de Front Line Defenders) y de exguerrilleros reintegrados (de los 32 excombatientes asesinados en 2017 se pasó a un promedio de 72 homicidios por año entre 2018 y 2020, según la misma ONU). Datos que se complementan con el incremento de los asesinatos de defensores ambientales registrado por Global Witness (167 en 2018 y 212 en 2019), que ha llevado a Colombia al primer lugar a nivel mundial por esta clase de crímenes.
Estas estadísticas son todavía más significativas tomando en cuenta que los Acuerdos de Paz, firmados en La Habana en 2016, establecen como primeros puntos el desarrollo agrario integral para favorecer a las comunidades rurales y campesinas, y la participación política de los excombatientes.
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