A tres años de iniciado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de seguridad, igualdad y tratos hacia las mujeres, hay avances, particularmente en los ámbitos legislativo y de impartición de justicia, pero francos retrocesos en la implementación de políticas públicas enfocadas a resolver los problemas que padecen, afirman especialistas en la materia.
En tanto, las estadísticas oficiales de seguridad muestran que no se han logrado generar condiciones de seguridad para ellas, pues los delitos que atentan contra su integridad siguen fuera de control. Salvo el secuestro, donde se redujo a menos de la mitad la incidencia y el homicidio doloso, que reporta una ligera reducción, los indicadores de violencia contra ellas son como eran antes: van en aumento.
Ese es el caso de feminicidio, homicidio culposo, lesiones dolosas y extorsiones. Además, las estadísticas del servicio de atención telefónica 911 de los últimos años, registran un incremento de las llamadas de auxilio por mujeres en situaciones de peligro.
Fátima Gamboa codirectora de Equis, justicia para las mujeres, explicó que, en materia legislativa, se advierten importantes avances para despenalizar el aborto, así como en materia de diversidad, que ha beneficiado a la agenda de mujeres lesbianas, pues en varios estados del país se ha reconocido en sus leyes el matrimonio igualitario.
Asimismo, destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido criterios importantes para eliminar de las leyes interpretaciones que terminaban por criminalizar a mujeres, por ejemplo, por delitos de aborto.
En ese sentido Wendy Haydeé Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios, destacó que eso no quiere decir que se haya legalizado a nivel nacional el aborto, pero sí es un gran paso para ir abriendo la posibilidad para que, en todo el país, la interrupción legal del embarazo sea seguro y gratuito.
Recordó que se incrementaron los estados en donde se actualizó su legislación en la materia, como Colima, Hidalgo y Quintana Roo.
El Economista
